ESCUCHARLa Fundación Apolo denunció a la nueva titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz de Anchorena, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Lo hizo a raíz de la “prórroga excepcional” de los plazos de los procedimientos administrativos que ordenó la mujer apenas asumió el cargo, medida que implica que el organismo no entrega datos.
En la presentación, firmada por los letrados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y Juan Pablo Pane, se cuestiona que la funcionaria “haya suspendido plazos creados por ley mediante una mera resolución administrativa”, decisión que los abogados definieron como un “disparate”.
La Fundación Apolo, mediante el responsable de su equipo legal, cuestionó a De Anchorena en la audiencia pública previa a su designación, al considerar que carecía de idoneidad profesional y moral.
“El artículo 1 de la Ley 27275 establece para la materia que nos ocupa, entre otros, el principio de máxima premura: la información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor”, enfatizaron los denunciantes.
“¿Qué utilidad tendría para un ciudadano recibir la información pública solicitada si, a causa de una ilegítima prórroga, prescriben los plazos para accionar contra ilícitos administrativos o penales de funcionarios públicos? ¿Qué utilidad tendría la información obtenida luego de una prórroga ilegítima si se vuelve inútil por desactualizada la información obtenida por un ciudadano, ya sea para controlar al poder o para tomar decisiones sobre su propia vida?”, plantearon, además.
Cabe recordar que la Fundación Apolo, mediante el responsable de su equipo legal, Magioncalda, cuestionó a De Anchorena en la audiencia pública previa a su designación, al considerar que carecía de idoneidad profesional y moral.
La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 7, a cargo de Sebastián Casanello.
Paralelamente, la diputada nacional Karina Banfi (UCR) presentó un pedido de informes sobre la suspensión.
La radical, quien también impugnó la designación de De Anchorena, precisó que la primera medida que ella tomó al quedar al frente del organismo fue suspender y prorrogar por 20 días hábiles los plazos administrativos de la agencia, entre el 10 de marzo y el 10 de abril, y valoró que la consecuencia de la medida es una violación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
En ese sentido, la dirigente de Juntos por el Cambio aseveró que la medida implica la violación de un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución. “El acceso a la información es un componente clave para la libertad de pensamiento y expresión, fundamental para acceder a otros derechos sociales, económicos y culturales”, fundamentó.
Además de pedir informes, en la iniciativa se expone que la resolución del organismo sólo se ingresó a la sección de normativas de la página de la AAIP y no fue publicada en el Boletín Oficial, incumpliendo las obligaciones de publicidad y de transparencia activa de todas las disposiciones de gestión administrativa que de ella misma emanan.
“Los plazos de entrega de la información son una cuestión central de la Ley 27275”, destacó Banfi, quien valora que la resolución que los suspende implica una violación directa de la normativa que “no se puede tolerar porque lo que está en juego es un derecho humano”.
Acto administrativo
Además de presentar el proyecto, la diputada intimó mediante carta documento a De Anchorena a que disuelva el acto administrativo.
El proyecto de resolución fue acompañado, entre otros, por los legisladores Mario Negri, Graciela Ocaña, Marcela Campagnoli, Gerardo Millman, Pablo Torello, Paula Olivetto, María Luján Rey, Soher El Sukaria, Gustavo Santos, Julio Cobos y Sabrina Ajmechet.
