Las familias de los 33 obreros chilenos atrapados en la mina San José, en Copiapó, presentaron ayer las dos primeras querellas en contra del ente estatal de control de la actividad minera en el país y en contra de la empresa.
Las querellas son contra el servicio chileno de Geología y Minería y de la empresa que explotaba el yacimiento al momento del derrumbe, informó el diario La Tercera.
Una de las querellas fue presentada por 20 familias contra Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, dueños de la minera San Esteban, a cargo de la explotación del yacimiento San José, por cuasi delito de homicidio, y la otra, interpuesta por Remberto Valdés, abogado de la familia del minero Raúl Bustos, también apunta contra la empresa pero por “lesiones”, y contra el Sernageomin, por el delito de “prevaricato”.