ESCUCHAREn la provincia de Santa Fe, por unanimidad, el Senado aprobó un proyecto de ley que busca fortalecer la persecución penal de los delitos rurales.
La iniciativa -que tiene respaldo del oficialismo y de la oposición– establece la creación de la Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales, que contará con al menos dos agentes en cada una de las cinco Fiscalías Regionales.
La norma busca enfrentar no solo el abigeato y el robo de granos, sino también los robos y asaltos violentos en zonas rurales.
La ola de ilícitos genera preocupación entre los productores. Antes de la votación del texto, representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entre otras entidades del sector, expusieron sobre la inseguridad.
Apuntaron a la falta de denuncias por “la percepción de ineficacia del sistema judicial actual” y plantearon la necesidad de una unidad especializada para atender los casos.
El proyecto deberá avanzar en la Cámara de Diputados santafesina para convertirse en ley. El Senado provincial votó iniciativas similares en 2020 y 2022, pero no avanzaron.
De aprobarse, la Unidad Fiscal Especial funcionará bajo las disposiciones del Fiscal General, un cargo que a la fecha ejerce María Cecilia Vranicich, quien será la encargada de implementar la nueva estructura de persecución penal.
En tanto, en la provincia de Buenos Aires, también con la presencia de representantes de distintas entidades del agro de la jurisdicción, se presentó un proyecto para poner en marcha las denominadas Unidades Fiscales de Investigación y Juicio especializadas en Delitos Rurales y Delitos Conexos en el ámbito del Ministerio Público.
La iniciativa cuenta con el respaldo de diputados de distintos espacios legislativos.
Por la suba de los delitos rurales, los legisladores estiman que urge brindar soluciones institucionales que ayuden a hacer más eficiente su sanción y prevención. En esa línea, resaltan que, por su especificidad, requieren un abordaje especializado
La propuesta precisa que se entienden como delitos rurales todos aquellos actos cometidos en las zonas rurales relativos al abigeato, las destrucciones de maquinaria e instalaciones agropecuarias, el desmantelamiento o ‘robo hormiga de establecimientos sin actividad cotidiana, los asaltos, usurpaciones, hurtos y robos sobre las propiedades.
Busca que agentes especializados reciban las denuncias y dirijan las investigaciones penal preparatoria.
Asimismo, determina que la implementación de las Unidades Fiscales se efectuará en forma gradual en los Departamentos Judiciales de la provincia de Buenos Aires, en función a los índices de conflictividad y litigiosidad de cada uno.
Por último, prevé que el Ministerio Público podrá transformar una Fiscalía ordinaria de las ya existentes en el departamento judicial que lo amerite, abocándola a las tareas específicas que enumera el texto normativo.
Abigeato
Recientemente, Daniel Ayçaguer, presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, y Jonatan Oliva, abogado especialista en derecho penal, criticaron un fallo que cambió una calificación de abigeato agravado a robo simple.
El caso ocurrió entre el 25 y 26 de agosto de 2020, en un establecimiento rural de aquella localidad bonaerense.
Miguel Ángel Ábalos y Luciano Ferro mataron y carnearon clandestinamente dos terneros Angus de 200 kilos cada uno, dejando las vísceras, cabezas, patas y colas como evidencia.
El Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Azul condenó a Ábalos a seis años de prisión y a Ferro a cinco por abigeato agravado, pero luego la Casación bonarense, con votos de los jueces Víctor Violini y Fernando Mancini reclasificaron el delito como robo simple y ajustaron las penas: tres años para Ábalos y dos y seis meses para Ferro (condicional).
Ayçaguer calificó la decisión como “una falta de sentido común” y “una vergüenza para el sistema judicial” y dijo que los jueces “no comprenden la realidad del campo”.
Además, sostuvo que sentencias como la de Casación “desalientan a los productores a denunciar”, a pesar de los esfuerzos de la dirigencia para apoyar las causas judiciales y mejorar la seguridad rural.
Por su parte, Oliva manifestó que más allá de lo literal o exegético, el criterio de la Casación bonaerense “atenta contra el espíritu de la norma” porque “se aprovecha de una cuestión aparente en lo taxativo” para “mutar” su espíritu.
