ESCUCHARLa Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos emitió su informe anual. Junto con los crímenes de enriquecimiento ilícito constituyeron la mitad de las causas investigadas por el organismo a cargo del cordobés Carlos Gonella.
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En un año y diez meses, el Área Operativa de Delitos contra la Administración Pública de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) prestó colaboración a fiscales de distintos puntos del país en un total de 43 causas penales, en tanto inició 12 investigaciones preliminares de las cuales tres culminaron con denuncias ante la Justicia federal.
Los datos fueron puestos de relieve durante la primera jornada de los encuentros sobre nuevos enfoques en la lucha contra la corrupción y criminalidad económica organizados por el Ministerio Público Fiscal y la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
El Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procelac, a cargo de Milton Khaski, informó que “los índices revelan una marcada tendencia hacia la federalización de las asistencias, de las cuales la mitad se encuentra destinada a fiscalías del interior del país.
Así, mientras 51,16% corresponde a la ciudad de Buenos Aires, el resto lo completa con 16,28% la provincia de Buenos Aires, 11,63% Tucumán, 9,3% Santa Fe, seguidos por Córdoba -2,33%-, al igual que para Jujuy y Santa Cruz.
Asimismo, se informó que, en orden a los delitos investigados, se advierte una preponderancia de defraudaciones en perjuicio de la administración pública (30,35%) y enriquecimientos ilícitos (21,42%).
El resto se divide entre defraudaciones por administración fraudulenta (12,5%), malversaciones de caudales públicos (12,5%), cohecho (8,92%) y peculado (7,14%), entre otros.
Por otro lado, según el informe de la Procelac, el área de Delitos de este organismo ha logrado formular denuncias penales -después de la tramitación de investigaciones preliminares- contra un ex jefe del Estado Mayor General del Ejército por enriquecimiento ilícito y contra la obra social de esa fuerza armada por fraude a la administración pública.
“Discriminadas por delito, las investigaciones preliminares muestran una predominancia de defraudaciones en perjuicio de la administración pública (33,33%), cohechos (26,66%) y enriquecimientos ilícitos (20%).
El resto se divide entre malversaciones de caudales públicos, administraciones fraudulentas y maniobras de lavado de dinero”, describió en su informe el área a cargo de Milton Khaski.
La investigación preliminar es una herramienta prevista en la ley de Ministerio Público que permite a los fiscales la realización de medidas previas a una denuncia penal para constatar la perpetración de un delito. Son pesquisas que pueden iniciarse a partir de dinámicas proactivas dirigidas a la generación de casos, o bien por denuncias efectuadas por particulares u organismos públicos.
Capacitación
Durante el transcurso de 2014, en tanto, el Área de Delitos contra la Administración Pública dictó talleres de formación especializada en la investigación de hechos de corrupción destinados a agentes de otros organismos públicos, tales como la Coordinación de Transparencia del Ministerio de Seguridad de la Nación y en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Argentina.
Asimismo, llevó a cabo -junto con las otras áreas operativas- el curso “Estrategias del Ministerio Público Fiscal en la lucha contra la criminalidad económica en Argentina y en la región”, dirigido a agentes del Ministerio Público Fiscal.
Las temáticas desarrolladas en cada caso han guardado relación con las necesidades específicas de cada institución destinataria, por lo que han oscilado desde la transmisión de estrategias y recomendaciones para la elaboración de investigaciones patrimoniales hasta el suministro de herramientas para el análisis de declaraciones juradas de funcionarios públicos, informó la Procelac en su informe.
