Declaran inconstitucional limitar el monto para que los letrados ejecuten honorarios

La decisión sostuvo que esa barrera debe ser impugnada en el caso concreto de que el actor deba pagar la mayor parte de los honorarios a su abogado, pese a haber resultado vencedor en el pleito

Al observar las circunstancias del caso concreto, la Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) que limita a 25% de la condena determinada en la sentencia los honorarios que debe pagar el condenado en costas, por resultar contrario al derecho de acceso a la justicia, ya que el vencedor debería pagar el porcentaje faltante de los honorarios a su abogado, que en este pleito es superior al monto que le corresponde por haber ganado el juicio, lo cual afecta a su vez el derecho de propiedad, todos garantizados por la Constitución Nacional (CN).

El tribunal integrado por los vocales Gabriela Eslava y Héctor Liendo analizó que el apelante se agravió por la declaración que efectuó el a quo respecto de la inaplicabilidad del artículo 730, último párrafo, CCCN. En primer lugar, se refirió que el legislador haya prácticamente reiterado la norma del viejo artículo 505 en el nuevo artículo 730 impone el deber de analizar con estrictez la tacha de inconstitucionalidad, por cuanto no existen dudas de que el criterio legislativo ha sido ratificado.

Vieja disposición

El fallo derivó que tanto la nueva como la vieja disposiciones regulan sobre materias históricamente reservadas a las provincias, como son las costas y los honorarios profesionales. Asimismo, indicó que, en cuanto limitación de la responsabilidad del deudor por las costas, el artículo 730, CCCN, constituye una regla procesal consignada en el código de fondo y, si bien la corrección de su inclusión en líneas generales fue en algún momento debatida por tratarse de materia reservada a las provincias, lo cierto es que ese debate parece haber sido superado, en postura compartida por la cámara.

Así, se consideró que dichos fundamentos mantienen su vigencia con relación al actual artículo y ratifican que la regulación en materia de honorarios profesionales resulta privativa de las provincias, dejando entonces la cuestión circunscripta a la etapa de ejecución.

Por ello se indicó que limitar la responsabilidad por costas de quien ha resultado vencido en un pleito implica una excepción legal al principio de reparación plena, que a su vez hace al respeto por el derecho de propiedad preceptuado en el artículo 17, CN, agregando que se exceptúa así la regla general en materia de costas, conforme la cual deben ser soportadas por quien resulte condenado a tal efecto.

Responsabilidad

La cámara entendió que quien asume la porción de responsabilidad de la que se exonera al deudor no resulta ser una cuestión menor, por cuanto decimos que no se afecta el derecho de propiedad de los letrados, toda vez que a la hora de regular resultan plenamente aplicables las normativas pertinentes y que la cuestión solo aparece en la etapa de ejecución.

La alzada sostuvo que la mejora de la situación del condenado en costas genera, sin dudas, un perjuicio al patrimonio del accionante que ha vencido en el pleito, produciéndose un desconocimiento notoriamente perjudicial al principio de reparación plena a la que tiene derecho a acceder la parte vencedora.

Llevados estos conceptos al caso, el tribunal evaluó que la condena se encuentra integrada por el capital restituido ($56.601,75) y los intereses adeudados ($8.771,35), que la demandada deposita en concepto de honorarios $16.343,27, monto que surge de aplicar el tope previsto de 25%. La actora impugna la planilla e inicia ejecución de sentencia por honorarios, exponiendo que le corresponden $108.534,25.

Obligación

De esta manera, en caso de aplicarse la normativa mencionada, a la demandada le correspondería soportar la suma de $16.343,27 y la actora debería asumir el remanente de los gastos causídicos, que ascienden a $92.190,98 más la tasa de justicia y Caja de Abogados, con lo cual su obligación supera con creces al crédito que ejecutó.

Por ello, se entendió que debe mantenerse la solución propiciada por el magistrado de primera instancia, al plantearse una hipótesis de inconstitucionalidad y no de inaplicabilidad de la norma, más allá de que el resultado fáctico de uno y otro camino termine siendo el mismo.

En síntesis, se concluyó que el artículo 730, CCCN, último párrafo, resulta inconstitucional por resultar violatorio del derecho de acceso a la jurisdicción y atentar contra el derecho de propiedad del vencedor en juicio, debiendo confirmarse lo decidido en la instancia anterior.