ESCUCHARLo resolvió el Juzgado de Ejecución Penal Nº 3, a cargo de Gustavo Arocena. Se intensificarán los controles médicos y, en caso de que la vida del desarrollista corra riesgo, el Servicio Penitenciario podrá suministrarle hidratación y comida aun en contra de su voluntad
El desarrollista Jorge Petrone será forzado a alimentarse si su vida corre riesgo, según lo autorizó el juez de Ejecución Penal Nº 3 Gustavo Arocena en una resolución cuyo decretó firmó esta semana.
En diálogo con Comercio y Justicia, el magistrado explicó que también ordenó que se intensifiquen los controles médicos sobre el empresario de Gama, cuya huelga de hambre ya lleva un mes.
La disposición de ordenar al Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) la alimentación por la fuerza de Petrone no es inmediata, aclaró el magistrado, quien aseguró que está sujeta a que la salud de él se deteriore al punto tal que corra riesgo de vida. Arocena aclaró que si bien el empresario ha bajado varios kilos con la medida de protesta, su salud aún no requiere de una medida de este tipo.
La resolución del juez del Ejecución se asienta sobr el artículo 151 de la ley 24666 de ejecución de la pena privativa de la libertad, que establece: “Si el interno se negare a ingerir alimentos, se intensificarán los cuidados y controles médicos. Se informará de inmediato al juez de Ejecución o juez competente solicitando, en el mismo acto, su autorización para proceder a la alimentación forzada, cuando, a criterio médico, existiere grave riesgo para la salud del interno”.
Arocena aclaró que son muchos los internos que, por diferentes razones, comienzan medidas de protesta de este tipo y luego cesan en su postura. Por tal motivo, consideró que es probable que en el caso de Petrone la alimentación forzada quizá termine no haciéndose efectiva.
No obstante, recordó que es obligación del Estado resguardar y velar por la salud de los internos, más allá de que cada uno de ellos tiene derecho a iniciar la medida de protesta que considere adecuada.
Las razones
Por diversos medios, cuando comenzó la huelga de hambre, el abogado defensor de Petrone, Francisco Lavisse, advirtió de que su defendido considera que “está siendo perseguido políticamente o judicialmente”. Entre los reclamos planteó que su cliente tenía el derecho a portar un teléfono dentro de la cárcel y que le fue revocado. “Hay un horno microondas en Bouwer y no le dejan entrarlo”, dijo Lavisse. En agosto se conoció que el desarrollista había sido sancionado al secuestrársele dos teléfonos celulares. Petrone pidió en varias ocasiones que se le permitiera usar estos dispositivos por las actividades de su empresa Gama SA.
Desde su detención presentó varias denuncias contra funcionarios judiciales por irregularidades que dice que habrían ocurrido en el transcurso de la “megacausa” del Registro de la Propiedad.
En una de las presentaciones judiciales, que recayó en la fiscalía de Instrucción a cargo de José Mana, Lavisse pidió que se investiguen las fianzas que fueron despositadas por los acusados en la megacausa. Según indicó en aquel momento, en el caso de su defendido, se depositaron en concepto de fianza 350.000 pesos en el año 2008 que, luego de su detención, nunca le fueron devueltos.
Cabe recordar que Petrone fue condenado por la Cámara 10ª del Crimen a cinco años y medio de cárcel por falsedad ideológica y usurpación.
