Daño punitivo: firmas pagan tope de multa por comercializar vehículo fallado

La condena recayó sobre una automotriz y una concesionaria. La dictó la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Las empresas vendieron una camioneta nueva que presentó defectos de fabricación que no pudieron reparar

En consonancia con el dictamen de la titular de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, la Sala A de este tribunal modificó una sentencia dictada por el Juzgado Nacional Número 6 del fuero y condenó a la automotriz General Motors Argentina SRL y a la concesionaria oficial de esa marca, Automóviles San Jorge SA, a abonar a los demandantes el monto máximo de la multa prevista por daño punitivo, en los términos del artículo 52 bis de la ley 24240 (de Defensa del Consumidor, LDC).

En febrero de 2017, los actores compraron una camioneta Chevrolet Trailblazer nueva en la mencionada concesionaria.

Días después, mientras circulaban por la autopista Rosario-Buenos Aires, el vehículo empezó a fallar y a mostrar un alerta en el tablero . Lo llevaron al servicio de posventa oficial, donde les informaron que el problema se debió a un error eléctrico.

Luego, el cartel volvió a aparecer, por lo que nuevamente se acercaron al service , que nuevamente reparó el defecto.

Sin embargo, a menos de un mes de esta segunda reparación, tuvieron que volver por el mismo asunto.

Ante ello, demandaron al concesionario y a General Motors Argentina SRL por los defectos y/o vicios que presentaba la camioneta, que no pudieron ser reparados por el taller oficial de la concesionaria, en el marco de la garantía de fábrica otorgada por la automotriz.

En su dictamen , la fiscal general Boquín recordó que las funciones de la figura del daño punitivo, contemplada en el artículo 52 bis de la LDC radican en la disuasión y la prevención de daños derivados de conductas gravemente reprochables ; ello, sin perjuicio del carácter sancionatorio y no indemnizatorio del instituto, toda vez que constituye un medio para lograr las dos funciones.

La agente agregó que la finalidad de aquél, correctamente aplicado, permite una respuesta institucional más adecuada para los casos en los cuales la acción dañosa, además de resultar altamente reprochable, provocó también una ofensa o afectación de la dignidad individual de la persona.

Se concluyó que el accionar de las demandadas respecto de los reclamantes, en cuanto comercializaron un rodado con desperfectos de fábrica sin brindarles una solución en tiempo y forma, fue consciente y deliberado.

En tal sentido, señaló que el accionar de las demandadas respecto de los reclamantes, en cuanto comercializaron un rodado con desperfectos de fábrica sin brindarles una solución en tiempo y forma, fue consciente y deliberado.

La fiscal indicó que, en consecuencia, resultaba viable la aplicación de los daños punitivos contra el accionar abusivo denunciado.

Destacó que la actitud despectiva hacia las consecuencias respecto de los actores, en su calidad de consumidores, y sus derechos, se advertía en lo actuado por las empresas, no sólo en lo relativo al expediente sino en cuanto a “la masividad e implicancia” que tiene su rol “con relación al universo de clientes que podrían encontrarse en una situación similar”.

A su turno, los jueces de la Sala A María Elsa Uzal y Héctor Chomer coincidieron con la opinión de Boquin, modificaron la sentencia dictada por el a quo y les impusieron a las firmas una multa en concepto de daño punitivo.

Los camaristas sostuvieron que General Motors incumplió en forma deliberada (o sea, con dolo) las obligaciones que asumió con los adquirentes en su rol de fabricante de cosas potencialmente riesgosas, como son los vehículos, a sabiendas de que su accionar era antijurídico, “obrando con un reprochable desprecio por los derechos del consumidor”.

Además, resaltaron que persistió en su conducta ilícita y la agravó durante la sustanciación del proceso, en el cual, pese a admitir la aparición del “mensaje de peligro” en cada encendido de motor, no procuró una solución efectiva a la problemática planteada, con los riesgos que ello puede implicar para la vida y la seguridad de los consumidores de los vehículos marca Chevrolet modelo Trailblazer, para los pasajeros y para terceros.