ESCUCHARLas diputadas nacionales Paula Olivetto, Mónica Frade y Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) sostienen que el hecho de que los expedientes Hotesur y Los Sauces involucren a la exfamilia presidencial debería ser “la centralidad motivadora” del actuar del funcionario
Las diputadas nacionales Paula Olivetto, Mónica Frade y Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) denunciaron judicialmente al titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, por haber desistido de querellar en las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, en las que están procesados la vicepresidenta Cristina Fernández y sus hijos dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
Olivetto, Frade y Campagnoli sostienen que Crous incurrió en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y encubrimiento.
Para las denunciantes, el hecho de que los expedientes involucren a la ex familia presidencial debería ser “la centralidad motivadora del actuar del funcionario”.
El planteo quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Stornelli.
La presentación se suma a planteos que promovieron la abogada Silvina Martínez, patrocinante de Margarita Stolbizer (quien generó ambas pesquisas) y los diputados de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, Waldo Wolff y Fernando Iglesias.
La semana pasada, después de renunciar a ser querellante en “Los Sauces” y “Hotesur” y notificarle la decisión al Tribunal Oral Federal 5, encargado de llevar adelante el debate por ambas actuaciones, el titular de la OA alegó que su facultad de acusar en los procesos en los que se encuentre afectado el patrimonio del Estado nacional “se rige por los criterios de significación institucional, económica y social que condicionan su actuación” y que se impone la necesidad de “concentrar los limitados recursos humanos con que cuenta” en casos más complejos y de “mayor actualidad”.
También adujo que los expedientes ya no están en etapa de investigación y que el impulso de la acción penal está “adecuadamente” garantizado por la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en materia de lavado de dinero, que actúa en carácter de querellante estatal, y por el Ministerio Público Fiscal, titular de la acción en representación del interés general de la sociedad.
“Es la propia UIF el organismo con autonomía y autarquía financiera a cargo del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos de origen ilícito, hipótesis delictiva que se ventila en las causas aludidas”, añadió.
Crous estimó que la OA nunca debió ser querellante y que los tribunales no debieron haberlo admitido jamás.
“Los delitos que se investigaron han sido básicamente lavado de activos y el Estado tiene para ese tipo de delitos una oficina específica, que es la UIF”, declaró.
Ante ello, la abogada de Stolbizer pidió que Crous sea investigado por violación de deberes y abuso de autoridad.
“La decisión de la OA va en consonancia con un plan de impunidad para que la expresidenta quede libre de culpa y cargo”, argumentó.
Martínez resaltó que el decreto 102/99 establece que la OA debe constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado y precisó que en marzo de 2018 se fijaron las pautas para que la repartición pudiera intervenir, como la importancia para el interés público en virtud de los derechos y garantías afectados, población afectada por el daño, estudios de opinión pública, impacto en la sociedad civil y/o medios de comunicación; la relevancia real o potencial del daño económico o pérdida financiera y el nivel o jerarquía de los funcionario públicos involucrados.
Luego, los diputados Enríquez, Ocaña, Wolff e Iglesias denunciaron a Crous por incumplir los deberes de su cargo “con el único y evidente objeto” de beneficiar a los imputados, según alegaron.
Paralelamente, plantearon que “perjudicó deliberadamente” las causas que le fueron confiadas y que, por ello, incurrió en el delito de prevaricato.
Cabe recordar que después de dejar la querella en los casos por supuestos alquileres ficticios de inmuebles a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, Crous adelantó que el organismo también dejará de actuar en otros procesos.
“El Estado no tiene que querellar, para eso están los fiscales, tenemos faceta administrativa e investigación de denuncias si somos requeridos, no tenemos que ser una fiscalía”, indicó Crous.
