Cuantifican honorarios con base en la situación socioeconómica de las partes

Una abogada objetaba que se le regularan honorarios mínimos por sus tareas profesionales en un divorcio sin oposición del ex cónyuge, pero el tribunal evaluó su trabajo y el contexto en que lo realizó [privado]

La Cámara de Familia de Segunda Nominación de Córdoba rechazó el recurso de apelación interpuesto por una abogada en contra de la resolución que había regulado sus honorarios en el mínimo legal de 20 jus por sus tareas profesionales, relacionadas con un trámite de cuidado personal de niños en un proceso de divorcio.

El fallo argumentó que en el caso no medió resistencia de la contraria y que en los procesos de familia debe tenerse en cuenta la incidencia de las costas en la situación socioeconómica de la familia, además de las reglas de evaluación cualitativas.

El tribunal integrado por los vocales Graciela Melania Moreno de Ugarte y Fabián Eduardo Faraoni indicó que el disponer del ejercicio de la potestad regulatoria dentro del relativamente amplio marco de “discrecionalidad” que la ley confiere a los tribunales, reconoce como límite infranqueable la estricta observancia de elementales pautas axiológicas, que imponen al sentenciante no perder de vista el verdadero y último objetivo que inspira el ordenamiento arancelario en su conjunto, que no es otro que el de asegurar al profesional una retribución digna y equitativa por la actividad cumplida, tal el argumento que se desprende del artículo 110 de la ley Nº 9459.

A fin de verificar la razonabilidad de la regulación practicada, la cámara indicó que debió examinar la labor desplegada por la letrada en la causa y, en esa dirección, apuntó que la abogada patrocinó a la parte actora en un proceso de divorcio, acompañando la correspondiente propuesta reguladora.

La decisión subrayó que, atento la falta de acuerdo con la contraria en los aspectos relativos a los hijos, la jueza dictó la sentencia de divorcio, quedando pendiente la resolución de las demás cuestiones.

En tal marco, y en lo atinente específicamente al cuidado personal de los niños, indicó el tribunal que, la actividad desplegada por la letrada apelante consistió en las presentaciones tendientes a que se admita la demanda de cuidado personal unilateral incluida en la propuesta reguladora (medida urgente y provisoria); la ratificación del pedido con posterioridad a la sentencia de divorcio y el diligenciamiento de la prueba.

Unilateral

Sobre ese punto se resaltó que, si bien en el inicio el demandado se opuso al pedido de la progenitora, después de decretado el divorcio de las partes la petición de cuidado unilateral tramita sin resistencia del demandado, desde que es declarada la rebeldía del ex cónyuge.

Así, la cámara consideró que, sentada que fue la actividad desplegada por la apelante, no pueden soslayarse dos argumentos dirimentes esgrimidos por la sentenciante al efectuar la regulación, los que no fueron rebatidos por la quejosa.

El tribunal señaló que la jueza tuvo en cuenta que el cuidado personal, los alimentos y el régimen comunicacional se tramitaron en forma conjunta, compartieron la prueba y, el cuidado personal en particular no presentó ninguna complicación, desde que no medió resistencia de la contraria.

En consecuencia, los camaristas concluyeron que la decisión del grado no puede reputarse arbitraria o fuera de contexto, remarcando que, conforme a las pautas suministradas por el artículo 39 del Código Arancelario (CA), en especial el inciso 2, la aplicación del mínimo legal previsto en el artículo 75, segundo párrafo del CA resulta justa y equitativa.

Finalmente, el fallo valoró que la a quo consideró que debía observarse también lo dispuesto en el artículo 69 CA, que indica que en los procesos de familia debe tenerse en cuenta la incidencia de las costas en la situación socioeconómica de la familia, además de las “reglas de evaluación cualitativas” contenidas en el artículo 39 del mismo plexo legal, conclusión que no contradicen las constancias de la causa.