ESCUCHARCarlos Stornelli considera que está demostrado que durante el anterior gobierno, entre mayo de 2003 y noviembre de 2015, existió una asociación ilícita que, desde el poder, recaudó fondos ilegales de empresarios vinculados con la obra pública
El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó la elevación parcial a juicio oral de la causa denominada “cuadernos de las coimas”, por la que se encuentran procesados la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, junto con otros ex funcionario y empresarios.
En el extenso escrito que el agente le presentó al juez Claudio Bonadio, consideró que está demostrado que durante el anterior gobierno existió una asociación ilícita que, desde el poder, recaudó fondos ilegales de empresarios vinculados con la obra pública.
Stornelli sostuvo que con la prueba colectada en la investigación hay elementos suficientes para que la parte principal de la pesquisa, basada en las anotaciones del chofer de Planificación, Oscar Centeno, sea tratada en debate oral y público.
“Tengo por cierto y demostrado que la ex mandataria, De Vido y otros ex funcionaros, además de algunos empresarios, integraron una asociación ilícita que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015”, sostuvo Stornelli.
Según expuso el instructor, la finalidad de la presunta banda criminal fue “organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito”, con el objetivo de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte del dinero para la comisión de otros delitos.
A la ex presidente y actual senadora nacional, Stornelli le atribuyó 40 casos de coimas y argumentó que se acreditó que -además de haber sido la jefa del grupo tuvo “un rol activo”- en lo que concierne al sistema de embolso.
“El cuadro probatorio reunido ha permitido afirmar que gran cantidad de las entregas de dinero recibidas por los integrantes de la asociación con motivo de los pactos espurios acordados con los empresarios fueron, en último término, trasladadas a inmuebles que eran utilizados por la ex presidenta”, afirmó el fiscal.
Departamento
En esa línea, detalló que parte del capital fue trasladado a la quinta de Olivos, a la Casa de Gobierno y al departamento ubicado en Juncal y Uruguay, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el inmueble del cual que, según consignó, se valía la organización para para “acopiar el dinero retirado de las distintas empresas”.
Stornelli reclamó que vayan a juicio los ex funcionarios Roberto Baratta, Nélson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti, José López, Claudio Uberti, Oscar Thomas, y el propio Centeno.
La asociación ilícita también habría estado integrada, según el fiscal, por el financista Ernesto Clarens; el ex titular de la Cámara de Construcción, Carlos Wagner, y los empresarios Gerardo Ferreyra y Germán Nivello.
También pidió que se sienten en el banquillo de los acusados, por cohecho pasivo (recibir sobornos) el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; su secretario, Martín Larraburu; los ex funcionarios Hernán Gómez, Fabián Ramón y Walter Fagyas y el remisero Hernán del Río.
Stornelli señaló, además, que ya hay prueba para pedir que vayan a juicio los ex secretarios de la ex presidente -Fabián Gutiérrez y Daniel Álvarez-, por encubrimiento.
Paralelamente, estimó que los empresarios acusados de pagar las supuestas coimas deben enfrentar el debate. Se trata de Héctor Sánchez Caballero; Juan Lascurain; Ángel Calcaterra; Enrique Pescarmona y Aldo Roggio.
Recusación
El viernes de la semana pasada, la Cámara Federal confirmó a Stornelli frente al expediente, al rechazar los planteos de recusación promovidos por las defensa de Baratta, Thomas y Ubeira.
También desestimó los recursos de dos empresarios que habían pedido ser arrepentidos y que ahora dijeron que no hablaron voluntariamente.
