ESCUCHAREl juez Ercolini los acusa de ser parte de una asociación ilícita. El Tribunal Oral Federal N° 5 será el encargado de llevar adelante el proceso
El juez Julián Ercolini elevó a juicio la causa que tiene como acusados a la ex presidenta Cristina Fernández y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner en el marco de la causa denominada “Los Sauces”.
El magistrados los acusa de ser parte de una asociación ilícita que se dedicó al lavado de dinero y a la recepción de dádivas. La expresidenta está señalada como máxima responsable y su hijo, como organizador.
El sorteo ya determinó que el Tribunal Oral Federal Nº 5 conducirá las audiencias y dictará la sentencia. Estará integrado por los jueces Adriana Palliotti y Daniel Obligado; resta aún definir el tercer lugar que hoy está vacante. El fiscal será Diego Velasco, quien también tiene el caso de dólar futuro en el que será juzgada la expresidenta.
En el mismo juicio oral también está acusados Cristóbal López y Lázaro Báez, ambos ya detenidos; Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares (ex contador de CFK) y los hijos de Báez, entre otros.
Para los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, durante la instrucción se corroboró la existencia de una maniobra por la cual “una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional -a través de la obra pública vial, mediante el pago de dádivas en virtud de los beneficios y concesiones otorgadas, etc.- iba a parar a los expresidentes y a su núcleo familiar”.
La maniobra se concretó mediante un sistema “montado en base a la actividad inmobiliaria y hotelera que aquellos llevaban adelante a través de la empresa Los Sauces”.
La causa da cuenta de que Néstor y Cristina Kirchner compraron varias propiedades a través de Los Sauces, que luego fueron entregadas en locación a las empresas de Báez y López con el propósito de que ese alquiler constituyera la causa jurídica que justificara el flujo de fondos millonarios a través del que se buscaba legitimar dinero de origen ilícito. Así, el matrimonio presidencial habría ingresado a su patrimonio millones de pesos provenientes de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz bajo una fachada legal aparentemente lícita.
