Cristina pidió al Senado aprobar los allanamientos, pero con condiciones

Solicitó que no se destruyan sus propiedades y que no ingresen cámaras de TV. Hoy el Senado volverá a reunirse. Mientras tanto, en Diputados presentaron un proyecto para reglamentar la
figura del desafuero

La ex presidenta Cristina de Kirchner se comunicó con sus compañeros senadores por intermedio de un escrito que presentó el jefe de bancada del FpV en la Cámara alta, Marcelo Fuentes, que participó en la reunión de Labor Parlamentaria. En el cocumento, Cristina Fernández aceptó que se lleven a cabo los allanamientos a sus propiedades pedidos por el juez federal Claudio Bonadio, pero puso condicionamientos.
Por un lado, solicitó que durante el procedimiento no ingresen ni cámaras de televisión, ni fotográficas para evitar la difusión pública y mediática de imágenes de sus domicilios. Además, pidió que estén presentes sus abogados y un senador o senadora que ella designe.
También, solicitó que se resguarden los objetos de uso personal. “Para ser más clara señores senadores y señoras senadoras: si encuentran lingotes de oro, millones de dólares o piedras preciosas en bolsas, se los pueden llevar; pero si encuentran un anillo o un collar, está claro que son objetos de mi uso personal”, expresó.
Finalmente, reclamó a Bonadio que “no rompa nada” y disponga que se utilicen los instrumentos técnicos necesarios con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia para “escanear paredes, divisiones y/o cielo rasos de durlock”.

Por tercera vez consecutiva, el Senado de la Nación intentará hoy reunir el quórum necesario para tratar el pedido formulado por el juez Claudio Bonadio para allanar los domicilios de la ex presidenta, en el marco de la causa de los cuadernos.
Cabe recordar que la semana pasada al oficialismo le faltó un senador de conseguir los 37 necesarios para retomar la sesión que estaba en cuarto intermedio desde la semana anterior.
En vísperas de la sesión se realizó ayer una marcha para presionar a los legisladores a que aprueben ese tema y también la ley de extinción de dominio, postergada en reiteradas oportunidades.
En la consigna convocante de la marcha no sólo estuvieron la autorización de allanamientos y extinción de dominio: también se reclamó a los legisladores la aprobación del desafuero de Cristina Fernández.
En esta oportunidad se espera que se aprueben los allanamientos, principalmente por el aval dado ayer la ex mandataria. En la sesión pasada faltaba sólo un senador para llegar al quórum, y además al oficialismo le faltaron dos miembros, con lo que se descuenta que ahora se conseguirá sumar el número necesario para comenzar la sesión.

Proyecto de ley
Mientras tanto, en la Cámara Baja el diputado nacional de Chubut por Cambiemos Gustavo Menna presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo reglamentar la figura constitucional del desafuero de los legisladores nacionales, actualizar los casos en los que procede la medida e indicar plazos y metodologías en los que se debe resolver, con el objetivo de agilizar la medida.
La iniciativa prevé que no queden sometidas a autorización de las cámaras del Congreso las medidas dispuestas por jueces para investigar y producir pruebas que afecten a un legislador, tales como allanamientos, secuestros, intervenciones telefónicas o de comunicaciones digitales, o el levantamiento del secreto bancario o fiscal. “Someter la ejecución de tales medidas a la previa aprobación parlamentaria importa tanto como frustrar el resultado de dichas diligencias, que necesariamente demandan secreto y reserva para que sean eficaces”, planteó Menna.
La presentación del proyecto fue acompañada por los legisladores Miguel Bazze (UCR, Buenos Aires), Alicia Terada (Coalición Cívica-ARI, Chaco), Luis Mario Pastori (UCR, Misiones), Lorena Matzen (UCR, Río Negro), Nadia Lorena Ricci (UCR, Santa Cruz), Mario Horacio Arce (UCR, Formosa) y Gonzalo del Cerro (UCR, Santa Fe).

“Los únicos funcionarios públicos alcanzados por la prerrogativa de la inmunidad de arresto en el texto de la Constitución Nacional son los legisladores”, indicó Menna.
En cuanto al desafuero de los legisladores nacionales, el proyecto introduce el hecho de que el pedido puede ser formulado por jueces federales o por jueces nacionales ordinarios, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, establece los supuestos en los que puede solicitarse un desafuero, todos vinculados con la restricción de la libertad ambulatoria: “Incumplir el legislador con una convocatoria a prestar declaración como imputado, o por no prestarse a cumplimentar con cualquier acto procesal cuya inejecución impida la prosecución de una causa; por haberse dictado una prisión preventiva o cualquier otra medida de coerción más atenuada pero que limite la libertad ambulatoria; por haber sido detenido en flagrancia; y por haberse dictado una condena con pena privativa de la libertad”.

En cuanto a las condenas, el proyecto prevé que “cuando existen recursos pendientes de resolución, el desafuero procede de todas formas, ya que ha existido en el caso un juicio oral y público con plenitud de debate y producción de pruebas, y da lugar a la suspensión del legislador a los fines de que cumpla con la sentencia privativa de la libertad”.
“En cambio -aclaró Menna- cuando se trate de una sentencia condenatoria firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, el otorgamiento del desafuero implica también la remoción definitiva del legislador, debiendo en tal caso la Cámara incorporar al suplente y recibirle el juramento”.