El juez Ercolini también incriminó al empresario Lázaro Báez; al contador de la ex familia presidencial, Víctor Manzanares; a Romina Mercado -hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner- y a otras 17 personas
En el marco de la causa “Hotesur SA”, el juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta Cristina Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por la presunta comisión del delito de lavado de dinero, sin prisión preventiva. La medida también involucra al empresario Lázaro Báez; al contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares; a Romina Mercado -hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner- y a otros 17 imputados.
La hipótesis que se investiga es que los Kirchner habrían recibido dinero proveniente de actividades ilícitas mediante el negocio hotelero, bajo apariencia de legitimidad, lo que les aseguraba -según señaló el magistrado- poder declarar los fondos ante el organismo anticorrupción y ante el Fisco “ocultando su verdadero origen”.
Las transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que Florencia Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años.
Según el juez, las maniobras se pusieron en marcha por la necesidad de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de contar con dinero líquido “en blanco”, con el fin de poder justificar la compra de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. Así, sostiene que los procesados formaron parte de “un complejo entramado societario” que actuaba para poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado mediante la obra pública.
Tal como plantearon en su momento los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, “los acusados recurrieron a los fondos obtenidos junto a Báez por la asignación irregular de obra pública vial en su provincia de origen” (52 contratos por $ 46.000 millones) y a “múltiples negocios con las empresas del Grupo Austral”, para otorgarles “apariencia legítima” a operaciones comerciales irregulares.
En su fallo, Ercolini detalló que entre 2009 y 2013 Báez les garantizó a los Kirchner $27.592.110 por alquileres a Hotesur SA, e indicó que mientras el amigo y entonces socio de los Kirchner era el principal adjudicatario de obra pública vial en Santa Cruz contribuyó para que aumentaran “notablemente su patrimonio”.