Lo requirió una de las defensas. Aníbal Ibarra lo solicitó respecto de de Martín Uriona y Diego Iglesias
Una de las defensas en el juicio por presuntos sobornos que se cobraban en un Juzgado Federal de Corrientes pidió , al reiniciar el debate, la recusación de los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) por considerar que incluyeron como testigo a un hombre que aparentemente está involucrado en maniobras de contrabando de drogas y no fue imputado, informaron fuentes judiciales.
El defensor Aníbal Ibarra le pidió al Tribunal Oral Federal de la capital correntina que aparte a los fiscales Martín Uriona y Diego Iglesias del debate en el que se juzgan los hechos cometidos en el juzgado del ex magistrado Carlos Soto Dávila, maniobras en las que estarían involucrados dos secretarios, narcotraficantes y abogados.
«Lo presentaron como testigo de identidad reservada y yo dije el nombre, porque es un narcotraficante que está implicado en maniobras de contrabando de droga en Itatí y que nunca fue imputado», dijo a Télam Ibarra, quien defiende al secretario del juzgado, Federico Grau.
El testigo acusado, cuyas iniciales son R. M., según indicó el abogado defensor, aparece en desgrabaciones telefónicas como operador del narcotráfico en Itatí en julio de 2016, en maniobras de guarda de automóviles en su casa, donde finalmente eran cargados con marihuana.
«Con esas pruebas y con este sujeto plenamente identificado, en marzo de 2017 lo hacen declarar; es un buche de Gendarmería que los fiscales de Procunar utilizaron como testigo protegido, que en el debate lo hicieron declarar con pantalla apagada y voz distorsionada, cuando en realidad tuvieron que imputarlo», dijo Ibarra.
Sobre esa base, el letrado pidió la recusación de los fiscales Iglesias y Uriona al tribunal conformado por los subrogantes Juan Manuel Iglesias, Rubén Quiñónez y Manuel Moreyra, que deberán decidir al respecto.
El debate por presunto cohecho en el juzgado federal 1, con competencia electoral de Corrientes, comenzó a fines de junio del año pasado.
El exjuez Soto Dávila llegó a juicio acusado de ser el supuesto organizador de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a narcotraficantes de la localidad correntina de Itatí, a cambio de presuntos alivios procesales.
Junto a él están acusados sus exsecretarios Grau y Pablo Molina; los abogados Duylio Barboza Galeano, Gregorio Giménez y Tomás Viglione; y el exintendente de Empedrado, Juan Faraone.
Otro grupo de acusados son los presuntos narcos Pablo Torres, Carlos Bareiro y Federico Sebastián Marín.
Mientras que los abogados Jorge Vallejos y Omar Serial no participan del debate tras aceptar procesos abreviados con el ministerio público que es representado por el fiscal ante el tribunal correntino, Carlos Schaefer; Iglesias, titular de la Procunar; y los auxiliares Uriona y Tamara Pourcel.
En tanto que la causa fue abierta como un desprendimiento del expediente conocido como «Operativo Sapucay», en el que intervinieron el exjuez federal de Buenos Aires Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli, a través del cual se desbarató una organización trasnacional dedicada al narcotráfico y que operaba en Itatí.
