ESCUCHAREl presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.
El Presidente tomó la decisión de recusar a los jueces de la Corte Suprema tras una reunión que mantuvo con gobernadores peronistas en la Casa Rosada, en un encuentro convocado para analizar las consecuencias de lo dispuesto por el alto tribunal, que suspendió la aplicación de una ley del Congreso.
Esas provincias “al verse afectadas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación” y para que soliciten la revocación “in extremis” de la resolución cautelar, según el documento al que accedió Telam.
Algunos constitucionalistas consultados aclararon que el plazo establecido en el Código Procesal para la recusación está vencido. Y además no se hallan causales de recusación tal como se expresan en el artículo 17 del Código Civil. El máximo tribunal puede rechazar in limine el planteo. Ante el hipotético y casi imposible caso de que la Corte Suprema abra el proceso de recusación, serán los conjueces los que resuelvan.
El miércoles, en un fallo firmado por los cuatro miembros de la Corte (Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) se ordenó al Gobierno Nacional que pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables.
El origen de la controversia data del 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que aumentaba del 1,4% al 3,75% la participación correspondiente a CABA por la coparticipación federal. Luego, con otro decreto, modificó ese número y lo fijó en 3,5.
