ESCUCHARLa investigación comenzó por la presentación de la abogada Silvina Martínez contra
funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, a quienes sindicó como autores de
malversación de caudales, incumplimiento de deberes y fraude
El titular de la Procuración Nacional de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, avanza con una investigación preliminar para establecer si la millonaria compra de alimentos por parte el Ministerio de Desarrollo Social amerita la instrucción de una causa penal.
Por lo pronto, el agente ya le tomó declaración testimonial a un productor que vendió botellas de un litro y medio del aceite de la marca Indigo a la empresa Copacabana por un valor cercano a $96, muy por debajo del monto que el Estado estaba dispuesto a abonar ($159).
Cabe recordar que la operación con la empresa Copacabana no llegó a concretarse por las denuncias por sobreprecios.
La pesquisa que lleva adelante la PIA comenzó por la presentación de la abogada Silvina Martínez contra funcionarios del ministerio de Desarrollo Social, a quienes sindicó como autores de los delitos de malversación de caudales, incumplimiento de deberes y fraude a la Administración Pública.
Seis licitaciones
La letrada, además, prepara una exposición por seis licitaciones públicas recientes que derivaron en la adquisición de alimentos, en las cuales las sumas pagadas superaron el tope de los denominados “precios máximos”.
“No estamos frente a unos cuantos casos aislados. Estamos en presencia de una evidente cartelización”, declaró Martínez al respecto.
La compra fallida de alimentos ya provocó la renuncia de Gonzalo Calvo, a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica, y de otras 14 personas que dependían de su área.
La semana pasada, el Ministerio de Desarrollo Social admitió haber ordenado las compras, una decisión que recibió públicos cuestionamientos.
La cartera que conduce Daniel Arroyo ordenó una pesquisa interna que derivó en la desvinculación de Calvo.
Un informe elaborado por el ministerio explicó que en ningún rubro se compró a una sola empresa porque se realizó una licitación para satisfacer la mayor demanda en los comedores, donde aumentó de ocho millones a 11 millones la cantidad de personas que necesitan asistencia alimentaria en las últimas semanas, en el marco del aislamiento obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus.
Estafa
Mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se dieron a conocer los importes que deberá pagar el Estado por la compra masiva de alimentos para familias necesitadas y se detectó que son más altos que los que abonan los consumidores en los supermercados; incluso, en comparación con las primeras marcas.
El dato sorprendió a Víctor Fera, dueño de la cadena Maxiconsumo y uno de los referentes del sector de venta mayorista. “El precio es una barbaridad, una estafa. Hoy nosotros vendemos los fideos a $28 por 500 gramos y son de mejor calidad que el que compró el Estado”, declaró.
Ferra criticó la forma en que se manejan las firmas que participan de las licitaciones. “Son siempre las mismas”, denunció.
Según detalló, con Maxiconsumo -propietaria de los productos Marolio y Molto- participó en una licitación del Estado, a fines del año pasado y vendió sus fideos a $25.
“Nosotros no participamos en licitaciones, pero hicimos una excepción porque nos llamaron del Ministerio de Desarrollo Social para decirnos que no tenían mercadería. Le vendimos a $25 el paquete de 500 gramos. Por eso, cuando vi los precios de los que se habla ahora me enfurecí, porque es algo muy desleal. Es una estafa al Estado”, señaló el empresario.
