ESCUCHAREn una primera instancia el planteo fue rechazado por Guillermo González. La decisión fue apelada y está a la espera de la resolución del juzgado de Control. La causa fue investigada por el entonces funcionario judicial, quien hoy preside la ONG Lucadesa
En un intento por darle impulso a la investigación en la que resultaron imputados tres directivos de la firma BusPack -encargada de la limplieza y mantenimiento de las unidades de transporte de media y larga distancia de Córdoba- por el delito de contaminación ambiental dolosa por dolo eventual, el ex fiscal Carlos Matheu pidió constituirse como querellante particular en representación de la Fundación Lucadesa (Lucha Contra la Contaminación Ambiental en Defensa de la Salud), de la cual es su presidente.
El pedido fue rechazado por el fiscal Guillermo González, quien provisoriamente se hizo cargo de la Fiscalía del Distrito Nº 4 Turno 3, luego del alejamiento de Matheu, con el argumento de que se había desempeñado con anterioridad como fiscal en dicha causa.
El planteo está hoy a resolución del Juzgado de Control, después de haber sido apelado por el ex funcionario judicial. El tema resulta novedoso ya que nunca se ha presentado una situación de estas características.
Al respecto, Matheu recordó a Comercio y Justicia que “el Tribunal Superior a través de sus fallos viene sosteniendo reiteradamente que las organizaciones no gubernamentales (ONG) que tienen entre sus objetivos la defensa de bienes jurídicos -en este caso el ambiente y la salud- están colocadas respecto de los mismos en una posición análoga a la de la víctima individual; y que el Código de Procedimiento Penal de Córdoba no veda la posibilidad de ser querellante particular a quien ha sido el instructor de una causa no concluida”. Cabe recordar que el por entonces fiscal se jubiló en marzo pasado, precisamente con la idea de constituir una ONG que se dedique a darles impulso a las causas de índole ambiental.
El ex funcionario judicial recordó que en este tipo de causas los afectados suelen ser personas de escasos recursos, quienes difícilmente se contituyan como querellantes. Es precisamente por ello que resulta de especial importancia que la Justicia admita como actores a las ONG.
“Yo no voy a la Justicia para litigar como una abogado particular ni esto lo hago para obtener algún tipo de lucro”, subrayó.
Sin movimiento
En el marco de la causa Bus Pack están acusados su presidente, Gabriel Martínez; el gerente Ricardo Giménez y los directivos Guillermo y Eaúl Derudder, hermanos. Todos fueron indagados por el entonces fiscal de Instrucción Carlos Matheu, quien formuló la acusación. Los imputados la apelaron y desde marzo el expediente se encuentra a resolución en el juzgado de Control.
Antes de dejar su cargo, Matheu había decretado como última medida un peritaje médico interdisciplinario para establecer la probable relación asociativa entre los casos de cáncer que padecen algunos vecinos de barrio Ampliación Empalme (12 hasta ese momento) y los distintos desechos contaminantes hallados en las inmediaciones de la empresa Bus Pack (aceites, liquidos de frenos y de baterías en desuso, sustancias químicas utilizadas para la desinfección de los baños químicos de los colectivos, etcétera).
Dicha medida nunca se instrumentó, se lamenta Matheu, quien compara la causa de BusPack con la de “Barrio Ituzaingó Anexo” y las fumigaciones que allí se realizaron, que terminaron con la condena de dos productores agropecuarios.
“Esto reafirma lo que siempre he venido sosteniendo: en Córdoba no hay interés para que las causas por contaminzación ambiental se investiguen y lleguen a juicio”, reflexionó.
El impacto ambiental
La actividad que desarrolla BusPack es considerada de alto riesgo ambiental. Tiene a su cargo la limpieza de unos 100 unidades de transporte por día. Entre las tareas que realiza BusPack figura la limpieza de los baños químicos de los colectivos.
A los acusados se les reprocha haber permitido que los empleados de mantenimiento y limpieza arrojaran, desde el año 2009, los desechos de los colectivos a dos desagües pluviales del predio que desembocan por las calles Junín y Corrientes del barrio Ampliación Empalme, donde está emplazada la planta de la empresa.
Además de los desechos, se detectó que los trabajadores también arrojaron restos de hidrocarburos, como gasoil y aceites en desuso, y otros elementos, como líquidos de frenos y desengrasantes.
Según el peritaje realizado por el Centro de Investigaciones de Química Ambiental de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Córdoba, los niveles de residuos encontrados en los sectores aledaños a la planta superan los permitidos por la normativa permitida en el decreto 415/99, de la Secretaría de Ambiente y Recursos Hídricos de Córdoba, que fija los máximos permitidos de arrojo de residuos peligrosos.
La planta se encuentra enclavada en el corazón del barrio. Hay una escuela, una guardería y una plaza a pocas cuadras. Lo que la fiscalía deberá determinar es si existe una relación causal entre los vecinos enfermos con cáncer y la actividad que realiza la empresa.
La Fundación Lucadesa (Lucha contra la Contaminación Ambiental en Defensa de la Salud) fue creada por el ex fiscal Carlos Matheu y tiene autorización para funcionar otorgada por la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba
(Nº 429 “A” 2017).
