Consorcios responden por deudas con una empleada de limpieza

Los vecinos demandados no cumplieron con las obligaciones de control que les impone la ley respecto de aquellos servicios que tercerizan. La accionante era empleada de una empresa que contrataron. [privado] Al surgir de la prueba colectada que los Consorcios de Propietarios de los Edificios Inarco XX, Tempora e Iris II no cumplieron con las obligaciones de control que les impone el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) hacia los servicios inherentes que tercericen, la Sala 6ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba los condenó solidariamente al pago de los rubros reclamados por una exempleada de la empresa de limpieza Limpsa, que se encargaba del mantenimiento de los edificios, aunque delimitó la condena a los períodos en que la actora trabajó en cada consorcio demandado. Gabriela Anabel Acosta manifestó que mantuvo relación de dependencia con Sulma del Carmen Acevedo, en su calidad de propietaria de la empresa Limpsa, para la cual realizó tareas de limpieza y mantenimiento, recepción de correspondencia y recolección de residuos en los consorcios demandados, hasta que se dio por despedida al no acceder Acevedo a su pedido de correcta registración de sus tareas, tanto en la fecha de ingreso como a la categoría laboral, solicitando la extensión de la condena a los consorcios de propietarios accionados. Es así que la Sala integrada por la jueza Nancy El Hay, luego de determinar la procedencia de los rubros reclamados por la actora, pasó a analizar la solidaridad de los consorcios de propietarios demandados, señalando que “se evidencia en autos, la delegación efectuada por los consorcios demandados, a favor de Acevedo para la prestación del servicio de limpieza en espacios comunes de los respectivos edificios”. En el fallo se argumentó que “la conformación de estas personas jurídicas tiene como objetivo la administración de todo lo atinente al complejo habitacional, incluido su mantenimiento”, añadiendo que “dentro de éste último, adquiere trascendencia la gestión encaminada a la limpieza y toda otra tarea efectuada por el encargado, categoría detentada por la actora según se estableció”. Actividad Por ello la magistrada determinó que “aparece como actividad principal e inescindible del consorcio, propia y específica, la prestada por Acosta, por lo que a la hora de tercerizarla, rige lo dispuesto por el artículo 30 Ley de Contrato de Trabajo (LCT)” y luego de elucidar la posibilidad condenatoria por inherencia, la vocal concluyó que “si los codemandados han demostrado el cumplimiento de obligaciones eximentes de responsabilidad solidaria, defensa esgrimida en los respondes y previsión expresa de la norma de aplicación”, resolviendo que “la situación de marras se subsume en el presupuesto normativo”, puesto que “la prueba del incumplimiento surge de la infracción de Acevedo”. En consecuencia, se ordenó que “debe condenarse solidariamente a los tres consorcios demandados, en los términos del artículo 30 LCT, aunque acotando su responsabilidad a los períodos en que laboró Acosta para cada uno”. Autos: “ACOSTA, Gabriela Anabel c/ ACEVEDO, Sulma Del Carmen y otros – Ordinario – Despido”, expediente N° 163898/37

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