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Viqueira
Recientemente, el diputado nacional Alejandro Bongiovanni (PRO) presentó un proyecto para modificar la Ley 12.981 y darle libertad de contratación a los consorcios.
“Más libertad para los ocho millones de argentinos que viven en edificios, menos poder para el sindicato”, planteó el santafesino.
Defendió su iniciativa -denominada “Libertad de Contratación para Consorcios”– explicando que vuelve optativo lo que a la fecha es legalmente obligatorio y precisó sus tres objetivos centrales.
El primero es que no se deba utilizar el régimen de contratación de encargados y aceptar las condiciones del convenio colectivo del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), al que definió como “dañino”.
En cuanto al segundo, indicó que se encamina a que baje el costo de las expensas, que representan, casi en su totalidad, el sueldo de los encargados.
En cuanto al tercero, el legislador dijo que es “combatir la extorsión gremial”.
“Para los ocho millones de personas en todo el país que vivimos en edificios, las expensas son un costo importante. Hoy hay formas más novedosas, eficientes y más baratas para reemplazar este régimen tan arcaico”, enfatizó.
Bongiovani aclaró que los consorcios que así lo deseen podrán seguir optando por encargados tradicionales. “Otros optarán por empresas de limpieza, locaciones de servicio o arreglar que la vecina del 5B limpie el palier y el del 7A pinte una vez al año”, ejemplificó.
Red social
En su cuenta de X (@alebongio), el diputado del PRO dejó como publicación fijada la siguiente invitación: “Necesito tu ayuda para que este proyecto sea ley. Contame tu experiencia que te leo”.
Además, alentó a los interesados a sumarse a reuniones y a completar un formulario.
La iniciativa cuenta con el respaldo de María Eugenia Vidal, Martín Yeza, Ricardo López Murphy, Hernán Lombardi, Luciano Laspina, Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, Alejandro Finocchiaro y Fernando Iglesias, entre otros.
Declaraciones
En declaraciones a la prensa, el santafesino dijo que su proyecto es sencillo porque pretende modificar un par de artículos de la Ley 12.981, que tienen cerca de 80 años y una visión sobre la propiedad horizontal que ya no existe.
Recordó que en la actualidad la vida en los consorcios es moderna y variada y que hay edificios para gente de mucho dinero, para gente de ingresos medios e, incluso, medios bajos, pero que, sin embargo, todavía pesa la obligatoriedad legal de contratar encargados. Alertó que los edificios que no acatan la Ley 12.981 “corren el peligro de que el SUTERH se apersone”, de que “calcule la cantidad de timbres” y de que, en base a eso, demande ante ante el fuero Laboral con posibilidad de éxito.
Bongiovani dijo que se trata de una “práctica extorsiva habitual” del sindicato y aseveró que lo hace en edificios donde hay poder adquisitivo. “Hay que sacar esa espada de Damocles y cambiar la ley”, afirmó en diálogo con iProfesional.
Vivienda
El tema de los consorcios generó recientes cruces en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el marco del debate por el nuevo Código Urbanístico.
La oposición a Jorge Macri, en sintonía con el sindicato, buscó reincorporar la obligatoriedad de la vivienda para los encargados. Sin embargo, el bloque oficialista descartó que se sume la disposición, que se suprimió en 2018, cuando la Legislatura sancionó la normativa vigente, que estipula que la morada para el portero es opcional.
Víctor Santa María
Víctor Santa María, el titular del SUTERH, no es ajeno a las polémicas. Una de ellas se generó hace poco menos de dos años, en noviembre de 2022, por la serie “El Encargado”, a la que el gremio que encabeza acusó de difundir un “estereotipo negativo” de sus afiliados.
Santa María no solo es sindicalista, sino que también tiene un emporio empresario de medios (Grupo Octubre, dueño de Página 12, entre otros) y publicidad. Además, es referente del peronismo porteño, cercano a las principales figuras nacionales del kirchnerismo y dirigente deportivo.
En 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) lo puso en la mira del Judicial por la transferencia de 1,9 millones de dólares desde una cuenta en Suiza para que su madre ingresara al blanqueo. En otra causa se investigaron más cuentas suizas donde figuraban depósitos millonarios a nombre de familiares.
Página 12
La llegada de Alberto Fernández a la Rosada empoderó a Santa María y varios de sus allegados fueron colocados en el gabinete. Uno de ellos fue Francisco Meritello, quien quedó al frente de la Secretaría de Medios.
Meritello condujo Página 12 tras la compra del diario por el Grupo Octubre. La distribución de la publicidad oficial benefició al gremialista: en menos de un año se triplicó la pauta direccionada a los medios de su holding.
Carlos Cruz y la UIF
Otro hombre cercano a Santa María, Carlos Cruz, abogado del SUTERH, quedó a cargo de la UIF.
Estuvo menos de dos años en el puesto. En octubre de 2021 dimitió luego de ser denunciado ante la Jefatura de Gabinete por supuesto hostigamiento y amenazas contra miembros del área de Litigios Penales. También quedó en medio de una interna luego del error procesal que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, y de otros dos directivos de la firma en el caso “Cuadernos”.
A principios de julio de 2021, teniendo en cuenta que los últimos datos de gestión de la UIF eran los comprendidos entre enero de 2016 y enero de 2020 -mientras la encabezó Mariano Federici-, un grupo de diputados de la Coalición Cívica (CC) solicitó que Cruz y el por entonces ministro de Economía Martín Guzmán comparecieran ante el Congreso por lo que definió como la “virtual parálisis” del organismo; ello así, porque la unidad incumplió su obligación de presentar una rendición anual de administración ante el Legislativo.
Politizada
Los diputados sostuvieron que la conducción de la UIF estaba politizada y que las “desavenencias internas” se evidenciaron en la falta de nombramientos para 15 cargos claves en el organigrama institucional -vacancias que se debieron a la desvinculación de especialistas designados durante el gobierno de Cambiemos-, una omisión que, según estimaron, explicó en parte la afectación de su capacidad operativa.
En ese sentido, apuntaron a la ausencia de impulso de causas de corrupción en trámite en las cuales la UIF tenía el rol de querellante.
Desde que Cruz fue designado, la unidad no apeló el fallo que le concedió la prisión domiciliaria a Amado Boudou, condenado por “Ciccone”, ni el archivo de una pesquisa por presunto lavado en contra de la ex vice presidenta y varios empresarios incriminados en “Cuadernos”. Además, en el juicio conocido como “la ruta del dinero K”, los abogados de la UIF reclamaron ocho años de prisión para Lázaro Báez, la mitad del monto que se planteó durante la conducción de Federici.
GAFI
En julio de 2021, los legisladores de la CC reclamaron que Guzmán y Cruz respondieran preguntas sobre el desempeño de la UIF desde diciembre de 2019; entre otras: si se hizo el estudio de autoevaluación relativo al cumplimiento de los estándares del GAFI y, en su caso, cuáles fueron los resultados; si durante 2020 descubrió operaciones sospechosas de lavado y si subieron o mermaron con respecto a 2019.
En otro tramo de su escrito, plantearon la necesidad de que se difundieran los motivos del desplazamiento de Claudio Castelli, titular de la Dirección de Litigios Penales, ante las “versiones de la existencia de presiones” sobre algunos letrados de la dependencia durante el debate contra Báez.
Tras dejar la UIF, Castelli dijo que la unidad no supervisaba a los obligados a denunciar operaciones sospechosas de lavado.
En agosto de 2020, tres directores de la UIF fueron despedidos por razones de “reorganización operativa”. El mismo mes, Elisa Carrió denunció al gobierno de Fernández ante el GAFI por lo que definió como “la destrucción y desmantelamiento” de la UIF, por el despido de los 15 técnicos designados durante la gestión de Federici que trabajaban en expedientes por casos de corrupción durante el kirchnerismo.
En enero de 2020, la CC se opuso a la designación de Cruz y le achacó carecer de los antecedentes que exige la ley 25.246.
Reconoció que tenía “cierto conocimiento académico” de delitos económicos, pero alertó que no era idóneo por carecer de las “habilidades técnicas” indispensables. Entre las falencias, citaron: inexperiencia en materia regulatoria y ausencia de conocimientos en inteligencia financiera.
Además, subrayaron que criticó públicamente al GAFI y a otros organismos internacionales por su “supuesta injerencia en la elaboración de políticas legislativas en materia penal referidas a los delitos económicos”, sin advertir de que Argentina es miembro pleno del grupo y que asumió voluntariamente su compromiso de cumplir los estándares globales que fija.
