Confirman que fue de carácter laboral la relación entre una bioquímica y una obra social

La profesional demandante prestaba una tarea intransferible, no compraba los suministros para hacerla, no establecía precios por sus servicios y no les cobraba a los pacientes sino que percibía sus ingresos de la entidad demandada

Al observar que la demandada no logró desvirtuar la presunción de existencia de relación laboral, al no acreditar que la accionante trabajara por cuenta propia, la Sala 3ª de la Cámara de Trabajo de Córdoba admitió la demanda presentada por una bioquímica porque consideró que hubo dependencia subordinada de aquélla con la accionada Obra Social para la Actividad Docente (Osplad).

La entidad demandada negó la existencia de un vínculo de trabajo y sostuvo que entre las partes existió una contratación de locación de servicios. En este marco, negó que se hubiera obligado a la actora a inscribirse como profesional autónoma y que se le proveyeran los insumos, instrumental y medios técnicos necesarios, como tampoco que se hubieran designado o contratado a los bioquímicos que colaboraban con la actora o que se les pagaran sus honorarios.

El tribunal integrado por el vocal Federico Provensale sostuvo que la cuestión radicaba en determinar si el vínculo que unió a la actora con Osplad fue de naturaleza civil -a tenor del contrato de locación de servicios suscripto por las partes- o laboral.

Desde el punto de vista normativo, el tribunal indicó que correspondía partir de lo previsto por el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que consagra la presunción de existencia de relación laboral por la presencia de tareas brindadas a favor de la accionada, la que puede ser enervada mediante prueba en contrario, la que, en este caso, estaba a cargo de la obra social accionada.

Así, el magistrado sostuvo que la parte accionada, pese a su esfuerzo probatorio, no logró desvirtuar la presunción legal referida en tanto no acreditó que pudiera calificarse a la demandante como “empresaria”, lo que en este caso equivale a prestador autónomo en el marco de una pretendida figura contractual civil.

El juez recordó que la mera condición de profesional bioquímica de la actora no implicaba per se la imposibilidad jurídica de la existencia de una relación laboral.

El tribunal analizó luego el “contrato de servicios de laboratorio de análisis clínicos” que oportunamente suscribieron las partes con fecha 29/12/05, en el cual la actora se comprometía a brindar sus labores exclusivamente a los afiliados titulares y grupo familiar que la obra social tuviera incorporados y que residieran geográficamente en la ciudad y provincia de Córdoba, obligándose a no ceder a terceros por ningún título o concepto sus derechos y obligaciones, salvo conformidad de la obra social.

De ello el vocal derivó que la actora fue contratada para que prestara su servicio sin que libremente pudiera delegar en otro profesional tal función.

Contrato

Por otra parte, del texto del contrato el tribunal también extrajo que la actividad de la actora debía desarrollarse según las condiciones estipuladas, en tanto dispone que “los servicios de Laboratorio de Análisis Clínicos serán realizados a los afiliados en el menor tiempo posible, desde la fecha de la presentación de la orden respectiva, de acuerdo con las disponibilidades del El Prestador, salvo que las mismas consignen expresamente su carácter de ‘urgente’ presentada por el beneficiario, en cuyo caso se le dará inmediato cumplimiento”.

El fallo valoró que en la cláusula 11ª se prohibió a la accionante requerir a los afiliados incluidos en el padrón pagos de ninguna especie, pudiendo, en caso contrario, la obra social proceder a reintegrar las sumas correspondientes a su afiliado mediante el descuento de los importes de aquellos créditos que la actora hubiera tenido a su favor pendientes de pago.

En este aspecto, la prueba testimonial que expuso subrayó que la accionante no cobraba a los afiliados sino por cheque de la obra social de la presidencia en Buenos Aires según las prácticas realizadas.

De ello derivó que la actora no podía percibir retribución alguna de parte de los afiliados sino que su remuneración era abonada por la obra social.

Retribución

Asimismo, observó que el hecho de que tal retribución se hubiera pactado en función de las prácticas realizadas no implicaba necesariamente la existencia de riesgo empresarial, por cuanto están previstas de manera expresa en la legislación laboral modalidades de pagos de salarios de conformidad con el rendimiento del trabajador, como es el caso de los haberes pactados por unidad de obra.

Luego, el juez valoró que los insumos eran aportados por la propia demandada, sin que su costo fuera descontado de las retribuciones pagadas a la actora, circunstancia que aventa la hipótesis de la prestación de un servicio de naturaleza empresarial.

Finalmente, el vocal señaló que no resultaba relevante la denominación de la retribución de la actora ni su matriculación en el colegio profesional y condición de autónoma, en tanto prevalece respecto de tales circunstancias formales la sustancialidad emergente de la existencia de los elementos típicos de la contratación laboral.

Finalmente, el juez señaló que el hecho de que después de la desvinculación de la actora se cerrara el laboratorio de Osplad se debió a una decisión propia de la entidad y que ésta, antes del vínculo con la accionante, originariamente había contratado a dos bioquímicas quienes fueron despedidas por una mala praxis, según lo atestiguado.