Confirman que Encausados deberá cerrar en seis meses

31 agosto, 2009

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El Gobierno de Córdoba deberá agilizar la construcción de los nuevos módulos en la cárcel de Bouwer -que fueron prometidos en marzo de 2008 con la declaración de la emergencia carcelaria- para albergar allí a todos los reclusos que hoy están detenidos en la ex cárcel de Encausados de esta ciudad (UCA) .
Ocurre que un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia (TSJ) confirmó ayer el cierre definitivo de este centenario edificio para marzo del 2010, tal como lo había resuelto oportunamente la Cámara de Acusación de Córdoba.
Los argumentos vertidos por el Ejecutivo respecto de la imposibilidad material y de recursos presupuestarios para levantar la nueva sede en los términos exigidos, no fueron suficientes para el Alto Cuerpo, como así tampoco lo fue el planteo sobre las mejoras edilicias realizadas en el edificio de Encausados.

Para el TSJ, si bien las reformas en la UCA son evidentes, de ningún modo son suficientes ni pasibles de mantenerse por demasiado tiempo. Al respecto, las juezas Aída Tarditti, María Esther Cafure de Battisttelli y M. Mercedes Blanc de Arabel remarcaron que se trata de un edificio muy antiguo, sin un mantenimiento adecuado y con detenidos -que por encontrarse de paso- tienen un alto nivel de agresividad hacia las instalaciones.
Al resolver la cuestión, las magistradas aclararon que el fallo no implica una injerencia indebida del Poder Judicial en la política carcelaria de la provincia, sino de tutelar derechos vulnerados.

Recurrir a la Corte

Según pudo conocer Comercio y Justicia, es muy probable que la Fiscalía de Estado de la Provincia recurra el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Como ocurre en estos casos, será el TSJ el que resolverá si admite o no el recurso. No obstante, más allá de ello, todo hace preveer que la resolución del Alto Cuerpo deberá ser acatada por el Ejecutivo provincial y el cierre de Encausados tendrá que darse indefectiblemente en un plazo no superior a los seis meses. Ello, teniendo en cuenta que un planteo ante la Corte no tendría efecto suspensivo, sino devolutivo sobre el fallo del TSJ.

Sin recursos, sin crédito y sin las obras anunciadas

Tras el motín protagonizado por un grupo de reclusos de la ex cárcel de Encausados que reclamaban, entre otras cuestiones, mejoras en las condiciones de detención, el gobernador Juan Schiaretti declaró en marzo de 2008 la emergencia carcelaria y anunció un paquete de medidas que incluyó una promesa de inversión de 110 millones de dólares.

El decreto incluía la construcción de tres módulos en el predio de Bouwer, con capacidad para 500 internos cada uno; un módulo en el mismo lugar, que remplazaría la ex cárcel de Encausados, con igual capacidad; un establecimiento en Río Cuarto, que sustituiría la vieja cárcel de esa ciudad, y una alcaidía general en Bouwer para contraventores, en dos módulos para 250 personas, con posibilidad de ampliación a dos módulos más. A un año y medio de aquellos anuncios, ninguna de esas construcciones se han llevado adelante por falta de recursos materiales.

Cabe recordar que parte del financiamiento de la obra saldría del monto que se recaudaría por l

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