ESCUCHARLa alzada ratificó que el decreto del Poder Ejecutivo que desmanteló la repartición fue convalidado por el Congreso nacional. Martín Sabbatella, ex titular del organismo, pretendía que la Justicia lo declarara inconstitucional
La Sala I de la Cámara en lo Contencioso-administrativo Federal desestimó la apelación del ex director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, y dejó firme el rechazo del amparo mediante el cual pretendía la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU 267/15), mediante el cual se disolvió el citado organismo.
Hace casi un año, a poco de asumir la presidencia, Mauricio Macri ordenó la disolución de la Afsca.
La norma fue refrendada por la Justicia de primera instancia, que rechazó el pedido de Sabbatella.
Luego, con remisión al dictamen del fiscal General en lo Civil, Comercial y Contencioso-administrativo Federal Ricardo Peyrano, la alzada desestimó los agravios del ex intendente de la ciudad bonaerense de Morón y confirmó el rechazo de la acción interpuesta en autos “Sabbatella, Martín c/ Estado Nacional, Ministerio de Comunicaciones”.
A su turno, el a quo entendió que las razones del Poder Ejecutivo para disolver el organismo y crear el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), referidas a la necesidad de fijar “una política de convergencia tecnológica”, fueron aceptadas por la Cámara de Diputados, que convalidó el DNU a principios de abril.
Así, valoró que en el caso no existe “una manifiesta inexistencia o irrazonabilidad de las circunstancias invocadas como excepcionales” por el primer mandatario.
Pese a que Sabbatella adujo en su planteo recursivo que ese detalle no impedía que el Poder Judicial controlara la legitimidad del decreto, la Cámara -integrada por los vocales Clara do Pico, Rodolfo Facio y Carlos Grecco- mantuvo incólume el criterio de validez de la medida del Gobierno.
El Tribunal compartió el criterio del fiscal con relación a que la facultad contenida en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional es “excepcionalísima” y que su observancia está sujeta “a un amplio escrutinio judicial”, aunque le asignó preponderancia al rol del Congreso al revalidar el decreto.
También subrayó que Peyrano destacó el hecho de que el decreto “fue expresamente aprobado” por la Cámara Baja, más allá de que el Senado no se haya expedido hasta la fecha.
Al analizar la causa bajo el prisma de la ley 26122 -que regula el procedimiento de aprobación de los DNU y precisa que el rechazo por ambas Cámaras del Congreso implica su derogación- la Alzada concluyó que la aprobación expresa del DNU por parte de una y el silencio de la otra implicó que la norma fue convalidada.
Imputado
En octubre, el fiscal Carlos Stornelli abrió la investigación por presunto desvío de fondos de la Afsca e imputó al dirigente kirchnerista.
El proceso se abrió por una denuncia del Enacom, que encabeza Miguel de Godoy, con base en un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y quedó radicada ante el juez federal Luis Rodríguez.
Stornelli pidió investigar al titular de Nuevo Encuentro por abuso de autoridad, fraude al Estado y violación de sus deberes como funcionario público. En su momento, la Sigen detectó un desvío de 10 millones de pesos. Los fondos les fueron entregados a distintas asociaciones civiles vinculadas al kirchnerismo.
Según los denunciantes, el dinero se destinó a la frustrada campaña en la que Sabbatella secundó a Aníbal Fernández como candidato para gobernar la provincia de Buenos Aires.
Paralelamente, la sindicatura subrayó irregularidades en la administración de recursos destinados al llamado Fondo de Fomento para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomec) y a proyectos especiales de comunicación audiovisual.
Convenio
El fiscal recordó que la directora de Proyectos Especiales de la ex Afsca, Andrea Conde, puso en funcionamiento un convenio entre el organismo y el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y que pidió $650.000. Sin embargo, apuntó que en el expediente no figura petición alguna del supuesto beneficiario ni llamado a concurso ni evaluación del proyecto ni un análisis de presupuesto que justificara la erogación”.
Conde fue candidata a ocupar una banca en la legislatura porteña en la elección de julio de 2015, por el FpV, al igual que Sabbatella.
Stornelli también investiga el expediente del convenio con la Asociación Civil Cine en Movimiento, por la suma de $2.250.000.
La Sigen aduce que la Afsca entregó casi dos millones de pesos en virtud de ese acuerdo y que el dinero se usó “para fines no previstos”.
Szpolski
Godoy reclamó también que la Justicia precise el rol del funcionario en la situación de Radio América.
El directivo alega que cuando Sabbatella asumió, en octubre de 2012, el expediente de la emisora se paralizó y que permitió que Sergio Szpolski y sus testaferros siguieran explotando la radio, violentando lo dispuesto por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Bienes Culturales.
Con la compra de la emisora, en 2009, el Grupo Veintitrés ingresó en el sector de los servicios de comunicación audiovisual.
Por aquel entonces, el dueño del conglomerado era Szpolski y bajo su gestión la publicidad oficial que recibía se triplicó. Ese modelo empresarial pasó a ser insostenible luego del cambio de Gobierno y derivó en el vaciamiento de la firma.
Según Godoy, pese a la situación de irregularidad de Radio América, Sabbatella también permitió que el Grupo Veintitrés (de Szpolski y Matías Garfunkel) tomara control de AM Splendid y FM Rock & Pop, pese a que la normativa vigente en aquel entonces prohibía tener dos radios AM en una misma zona, a que la Afsca no aprobó la operación y a que las licencias eran intransferibles.
