Confirman la inhabilitación de una carnicería por alterar la salubridad pública

El tribunal entendió que el titular del negocio no manifestó en forma concreta qué defensa se le impidió ejercer ante la sanción que le impuso el municipio demandado

Al advertir que el actor no expuso las defensas que supuestamente no pudo oponer ante la revocación de la habilitación de su negocio, una carnicería, no existiendo así nulidad sin agravio, sumado a que el bien jurídico protegido en el caso fue la salubridad pública, la Justicia Contencioso-administrativa de Córdoba rechazó la demanda promovida contra la Municipalidad de Alta Gracia.

El accionante impugnó el acto por el cual la Secretaría General y de Ambiente de esa comuna revocó la habilitación para desarrollar su actividad en el rubro carnicería y le aplicó una multa por incumplimiento de la ordenanza municipal N° 2441, con el argumento de que no pudo defenderse.

El municipio respondió que -al ser competencia de su exclusividad la preservación de la salud pública de la población- se dispuso revocar la habilitación comercial, y afirmó que hubo situaciones de enfermedades e indisposiciones por consumo de carne animal en anómalo estado del establecimiento del actor, en frecuentes y redundantes oportunidades, de las que se ha tenido conocimiento tanto por denuncias de vecinos como de inspecciones sanitarias de rutina.

Notificación

La demandada destacó que, dispuesta la revocatoria de la habilitación comercial, se notificó al actor en debida forma, con lo que se garantizó su derecho de defensa. Asimismo aclaró que esa garantía constitucional el accionante la ejerció prontamente, impetrando los recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio, conformándose el expediente administrativo, sosteniendo finalmente que aquél es un consuetudinario infractor a la mencionada ordenanza municipal Nº 2441, entre otras normas sanitarias

La Cámara Contencioso-administrativa de 1ª Nominación de Córdoba, integrada por los vocales Leonardo Massimino, Ángel Antonio Gutiez y Gabriela Cáceres, señaló que el actor adujo que no pudo defenderse de la sanción aplicada, lo que traería como consecuencia que la demanda debiera prosperar.

Sin embargo, el fallo reparó que el actor no especifica cuáles son las defensas que pudo oponer y hubiesen llevado (de ser atendidas) a una solución diferente a la adoptada.

Así, se observó que -conforme la jurisprudencia de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia- las infracciones a las normas procedimentales sólo son susceptibles de invalidar los actos cumplidos cuando supongan una disminución efectiva, real y trascendente de las garantías constitucionales, lo que incide así en la decisión de fondo y altera, eventualmente, su sentido en perjuicio del justiciable.

Doctrina

De la doctrina imperante, la alzada extrajo que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los métodos de debate, toda vez que esta desviación suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes.

Asimismo, se resaltó que el “principio de trascendencia” constituye uno de los presupuestos esenciales para la declaración de nulidades procesales o procedimentales; pues -frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos- existe la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho; derivando que este principio le quita a la nulidad procesal o procedimental un sentido en sí misma, y hace que se la pondere en función del perjuicio concreto que puede haber producido, que -de otro modo- la declaración de nulidad es fútil.

Bajo esas premisas, la decisión estableció el tribunal que en el sub examine, el defecto formal que marca el actor, no han implicado un límite real a su posibilidad de defenderse, lo que me lleva a considerar la cuestión en debate desde otra perspectiva; consistente en entender que la actuación municipal no lo fue en el ejercicio del poder sancionatorio que le es inherente a sus atributos sino que se hizo en el ejercicio de otro deber fundamental: velar por la sanidad y salubridad de su población.

Interpretación

Para ello, la cámara interpretó que la Administración tiene amplias facultades desde el plano constitucional (artículo 186, inciso 7 de la Constitución de la Provincia de Córdoba), por lo que consideró que la Municipalidad de Alta Gracia ha actuado correctamente en salvaguarda de la salud del público, como es su deber, remarcando que la salud pública -que es el bien jurídico que tutela el accionar municipal- tiene un valor intrínseco frente al cual no se puede argüir la hipotética violación a un indeterminado derecho de defensa.

En definitiva, en el fallo se resolvió rechazar la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción incoada en contra la Municipalidad de Alta Gracia.