ESCUCHARLa Cámara de Acusación de Córdoba confirmó el requerimiento de citación a juicio contra un reconocido supermercadista de Villa María, su madre, su hija, su socio y su contador acusados de insolvencia fiscal fraudulenta.
Se trata del titular del comercio, Orlando Raúl Gafare; el contador que supuestamente lo asesoró en las maniobras, Miguel Alberto Álvarez; su hija, Gisele Gafare; su madre, María Isabel Obregón y quien está en la sociedad como socio gerente, Roberto Olivero.
Oportunamente, la causa fue elevada a juicio por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier y luego confirmada por el juzgado de Control N°7.
Según consta en la acusación, Gafare iba cambiando de razón social de sus empresas para no pagar los impuestos adeudados. Así, entre 2003 y 2007, bajo la figura jurídica “Los Fenicios SRL”, dejó un pasivo de más de 1,6 millón de pesos por el no pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Ese mismo mes, Gafare siguió la actividad comercial bajo “Sugma SRL”, hasta marzo de 2010, dejando en esa oportunidad una deuda de más de 565 mil pesos, también en concepto de Ingresos Brutos. Luego, comenzó a operar con la razón social “Masan SRL”, hasta marzo de 2013. En el ínterin, una inspección de la Policía Fiscal de 2011 conformó una deuda de 11 meses del mismo tributo por 247 mil pesos.
La acusación sostiene que, por este motivo, Gafare “decidió que continuaría la actividad a través de su madre María Isabel Obregón” y entiende que ella “habría dado el consentimiento para la maniobra fraudulenta, imposibilitando así el cobro de la deuda de Masan SRL”. Para cobrar esa deuda, el Fisco provincial “inició una ejecución fiscal administrativa con control judicial por 885.836,65 pesos”.
En 2013, ya con Obregón como titular de la actividad comercial, se hizo otra inspección que dio por resultado que la madre de Gafaro tenía una deuda por Ingresos Brutos de 63.927,61 pesos.
A continuación, Gafare, asesorado por el contador Álvarez, “para no pagar totalmente la deuda” decidió “continuar la actividad a nombre de su hija Gisele, quien también “habría dado el consentimiento para la maniobra fraudulenta”.
De esta manera, el acusado consiguió frustrar “el cobro de las obligaciones tributarias ya determinadas”, por lo que el Fisco inició ejecución fiscal por 68.515,49 pesos por Ingresos Brutos entre febrero y octubre de 2013.
