Confirman despido injustificado de trabajadores de la asociación mutual policial de la provincia

Al no acreditarse que los demandantes hubieran brindado a terceros información sensible en torno al concurso preventivo que estaba atravesando la accionada, la Sala Contencioso Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba confirmó la sentencia que condenó a la demandada Asociación Mutual de Empleados de Policía de la Provincia al pago de las indemnizaciones por despido por no probarse la injuria alegada para desvincular.

La mutual afirmó que la resolución que admitió la demanda era nula y carecía de la debida fundamentación, porque no se analizó la causa como un juicio laboral por despido directo patronal, al sostener que a los accionantes se les enrostró la violación del deber de fidelidad y de buena fe, pues ventilaron información sensible de la empleadora, sin perjuicio de que esa información hubiera sido aportada principalmente en el marco de su actuación en el comité de control de la patronal concursada.

Agravio

Según se agravió la entidad, los demandantes no debieron acceder a los datos que acompañaron al proceso concursal, acusando a la entidad por un supuesto desvío de fondos hacia terceros.

Así, la recurrente consideró que tales conductas no necesitaban acreditarse en forma directa -como incorrectamente señaló el a quo-, ya que se encontraban plasmadas -vía prueba trasladada-, con la presentación hecha por los señores M. y P. en el concurso preventivo (con la anuencia de la codemandante, señora G).

Los demandados agregaron que los actores confesaron que sus labores siempre fueron administrativas, por lo que nada tenían que ver con el acceso a los ingresos y/o egresos de la mutual, ni con el manejo, disposición y autorización respecto al destino de los fondos, por ello, antes del distracto, se les requirió que informen a la patronal el origen del conocimiento de dichos datos monetarios, reservados y confidenciales, lo que nunca respondieron y que solo intentaron justificar la difusión de la información en el concurso, bajo la excusa de discriminación, mobbing laboral y abuso del ius variandi.

Siguiendo con su defensa, pusieron de resalto que los accionantes efectuaron una acusación gravísima, de la que luego no se hicieron cargo porque refirieron saberlo “de oídas”, por “empleados de la administración”, a quienes nunca mencionaron, tanto en este expediente como en la investigación concursal, derivando que el a quo solo debió analizar por qué o cómo un administrativo accedió a dicha información sensible y cómo la manejó luego.

Al amparo de la misma causal, la entidad expuso que como miembros del comité de control, los actores no estaban autorizados a divulgar información sensible de la patronal, en especial P. que carecía de legitimación concursal al momento de hacerlo, excediendo sus facultades ya que se trata de un comité de información y consejo, no de acusación.

Detalles

A su turno, el Alto Cuerpo integrado por los vocales Luis Eugenio Angulo (autor del voto), Aída Lucía Teresa Tarditti y Domingo Juan Sesin analizó el recurso planteado, indicando que el a quo al analizar la causa de despido invocada por la patronal señaló, en primer lugar, que no se acreditó la difusión de información confidencial a terceros sin autorización, como tampoco la facilitación de dichos datos.

Frente a esta conclusión, el TSJ infirió que “ las consideraciones que efectúa el casacionista solo revelan una distinta evaluación de los mismos acontecimientos tenidos en cuenta por el Tribunal, lo que no deriva en los defectos lógicos que acusa ”.

En esa dirección, el fallo sostuvo que “ para la configuración de la injuria se acude a la prudencia de los jueces a partir de la consideración del carácter de las relaciones que resultan del contrato de trabajo y de las circunstancias particulares de cada caso, observando que esta directriz no resulta conmovida por el planteo casatorio, por lo que la conclusión permanece firme ”.

Sin embargo, luego el Alto Cuerpo observó que “ distinto acontece con el incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25323 mandado a pagar, aspecto en el que asiste razón a la crítica del recurrente ”.

En ese sentido, el pronunciamiento destacó “ que reiteradamente ha sostenido esta Sala que si el motivo que provocó el desenlace del contrato fue controvertido, el Tribunal está habilitado al uso de la facultad que otorga la última parte del dispositivo ”.

De lo expuesto, se derivó que las particulares circunstancias que rodearon la ruptura, “ indican que resulta razonable su rechazo ” y, en consecuencia, en el fallo se resolvió que correspondía anular la decisión objetada en este aspecto y, por los motivos expresados, desestimó la sanción prevista en el artículo 2 de la ley 25323.

Autos: “M., M. A. Y OTROS C/ ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO” - RECURSO DE CASACIÓN - 7058594