Confirman dar menor valor a la base regulatoria de un concurso devenido en quiebra

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba consideró que la cámara a quo había brindado de manera concreta y razonada sus argumentos y que la crítica de la sindicatura sólo reveló una mera discrepancia que excedía el marco de revisión ante la sede extraordinaria

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba rechazó el recurso de casación interpuesto por la sindicatura de un pequeño concurso preventivo -devenido en quiebra-, en el que cuestionaba la decisión de la cámara a quo de establecer una merma del activo no liquidado que integraba la base regulatoria para justipreciar los honorarios de los funcionarios y profesionales intervinientes.

Para resolver así, el Alto Cuerpo valoró el menor valor del bien que se obtendría de su venta en subasta judicial, el criterio prudencial que asigna la ley sustancial y los argumentos fácticos y jurídicos sobre los cuales edificó la cámara su decisión de asignar al inmueble rural un valor de 30% del precio de contado consignado en la pericia oficial, que constituyeron la base en la que se cimentó su valor, que ingresó a la quiebra con motivo de la declaración de ineficacia de su venta y no fue objeto de realización debido al avenimiento por el cual concluyó la quiebra,

Al analizar la cuestión, los supremos Marta Cáceres, Domingo Juan Sesin y Luis Eugenio Angulo observaron que el síndico cuestionó la base regulatoria fijada por la cámara a fin de estimar los honorarios de los funcionarios y profesionales intervinientes en la presente quiebra, concluida por avenimiento, precisando que la queja se centraba sobre el valor asignado al inmueble rural no liquidado, que ingresó al activo de la quiebra tras haberse declarado la ineficacia de su venta; ello así, debido a que la alzada decidió reducir a 70% el valor de dicho inmueble, siguiendo el criterio asumido en el incidente regulatorio que tramitó con motivo de la acción de ineficacia concursal.

Crítica

Sobre la base de los antecedentes señalados, el TSJ sostuvo que la crítica que acusa de dogmática la decisión del tribunal de reducir el valor del inmueble rural en 70%, no se configura debido a que la alzada a quo señaló que respecto del inmueble rural se había acreditado su valor real mediante tasación que arrojó la suma de US$1.727.020 (172,702 hectáreas multiplicadas por US$10.000) y precisó: “En esa instancia se aplicó una reducción del 70% (en consideración a que el valor en una eventual subasta es menor al precio de mercado), con lo que se tomó a los fines de la base el 30% de su valor” .

Los vocales relataron que acto seguido, con base en esa información, se procedió a fijar la base regulatoria de la presente causa (quiebra concluida por avenimiento) para justipreciar los honorarios de los funcionarios y profesionales intervinientes.

En tal sentido, el fallo indicó que se definió el valor del inmueble urbano, y en lo atinente al inmueble rural -que es motivo del recurso- expresó: “Habida cuenta de que se determinó su valor real en dólares, corresponde, en primer lugar, mantener la reducción del 70%, por las razones indicadas anteriormente y que se relacionan al menor valor que se obtendría de una eventual venta del mismo. Y luego, cuantificar la suma de US$518.106, en su equivalente en pesos, al momento de la regulación de primera instancia; todo a razón de US$ 1 = $20,48 (según cotización publicada por el BCRA en www.bcra.gob.ar para el día 12/04/2018”.

Argumentos

De los fundamentos y pasajes extractados precedentemente el Alto Cuerpo coligió que la cámara brindó de manera concreta y razonada los argumentos por los cuales entendió procedente la reducción de 70% del valor del inmueble rural.

Así las cosas, se advirtió que la merma se asentó en dos claras razones: por un lado, en el parámetro oportunamente valorado por el tribunal al juzgar la base económica en el incidente regulatorio, en tanto allí sostuvo -y reiteró en los presentes autos-, que el valor que se obtendría de la venta de dicho bien en subasta –inmueble rural- sería menor al precio de mercado.

Por el otro, el TSJ indicó como pilar fundante la facultad que la ley concursal otorga al magistrado de valorar prudencialmente el activo no realizado hasta el momento del avenimiento.

De allí se infirió que la crítica de la sindicatura revelaba una mera discrepancia del recurrente en relación a la merma que dispuso el tribunal del activo no liquidado que integra la base regulatoria para justipreciar los honorarios de los funcionarios y profesionales intervinientes, cuestión que atañe al acierto intrínseco o justicia de la solución adoptada, lo que excede el marco de revisión ante esta sede extraordinaria.