ESCUCHAREl tribunal achacó a la AFIP y a la Secretaría de Comercio no informar las razones por las cuales no autorizaron la importación. Para los camaristas, de no hacer lugar a la cautelar la firma podría caer en un perjuicio grave de imposible reparación ulterior.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó un amparo a favor de Importadora Mediterránea (IMSA), fabricante cordobés de las motos Kymco, por el cual la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debe permitir la importación de motopartes y unidades armadas que habían sido retenidas en la Aduana, con independencia de la aprobación de la operación por la Secretaría de Comercio de la Nación.
Hace más de un año, la firma había ingresado más de 80 pedidos de Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) para poder importar y todas fueron observadas por la Secretaría de Comercio Interior, lo que motivó la demanda judicial.
En esta oportunidad, en forma unánime el tribunal integrado por Abel Sánchez Torres, Liliana Navarro y Luis Rueda consideró que de no hacer lugar al planteo interpuesto por la firma, ésta podría sufrir un “perjuicio grave de imposible reparación ulterior”, toda vez que la importación “es una de las actividades que hacen al principal objeto de la accionante”. En otro tramo del fallo, se le achaca a la AFIP no haber informado a Imsa las razones por las cuales rechazó la declaración jurada, imposibilitando así que se concretaran las operaciones de importación.
“El particular se encuentra imposibilitado de agilizar su tramitación al no constar, ni en formato papel ni en la página web creada al efecto, cuál es el tenor de las observaciones formuladas por el organismo”, expresó el tribunal de alzada.
Y agrega que esta circunstancia “afecta el derecho de defensa del particular por implicar, en los hechos, una prohibición -aún temporaria- a la importación sin sustento legal”.
Los antecedentes
Hace un año, IMSA presentó el amparo en contra del Estado nacional, Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Secretaría de Comercio y reclamó que se declarara la “inaplicabilidad por inconstitucional” de la intervención de Comercio en el proceso de importaciones.
El 13 de agosto último, el juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar y ordenó a la Aduana que dispusiera lo necesario para la entrega de las importaciones.
Dicho fallo fue apelado por la AFIP- DGI, que reclamó se revocara la cautelar concedida, argumentando, al respecto, que no se encontraban reunidos los requisitos previstos normativamente para la procedencia de la misma”.
Ahora lo ratificó la Cámara Federal, que pidió al magistrado que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y fijó una contracautela 500 mil pesos bajo caución real para liberar la mercadería.
