El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, Misiones, condenó a penas de hasta seis años de prisión a tres hombres por integrar una asociación ilícita fiscal vinculada con la actividad yerbatera. Según se comprobó en la instrucción, los acusados crearon empresas falsas mediante las cuales emitían facturas apócrifas y creaban créditos fiscales falsos que luego vendían a firmas legalmente constituidas, con un perjuicio fiscal cercano a un millón de dólares.
El juicio fue realizado bajo la modalidad semipresencial. En la sala estuvieron presentes el presidente del tribunal, Manuel Alberto Jesús Moreira, las partes y la querella, mientras que los vocales Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni -del TOF de Corrientes- y Rubén Quiñones -de Formosa- asistieron de forma remota.
De acuerdo con la acusación, desde una fecha anterior a 2005, Luis Ramón Sayas, Oscar Luis Ocampo y Ricardo Galarza armaron al menos nueve empresas falsas que funcionaban en domicilios fiscales inexistentes, con prestanombres y documentación apócrifas. En una de sus maniobras, la organización puso a dos mujeres de bajos recursos -una de ellas contactada a través de la esposa de Galarza, a quien conocía desde la infancia- como presidenta y vicepresidenta de una de las firmas, luego de haber sido engañadas con promesas de trabajo efectivo y el pago de un salario mensual -irrisorio-.
Fue justamente el testimonio de estas víctimas, quienes denunciaron las maniobras ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo que puso en marcha la investigación de las operaciones realizadas por los imputados. La AFIP confirmó además que dos empresas yerbateras instaladas en Misiones compraron créditos fiscales apócrifos que ofrecía la organización, que fueron luego impugnados por el organismo recaudador.
Por intermedio de las múltiples sociedades en las cuales siempre tenían algún tipo de intervención, Zayas, Ocampo y Galarza intervenían en las diligencias relativas a las supuestas actividades comerciales, como alquileres de secaderos, trato directo con proveedores apócrifos, gestiones ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate y solicitud de impresión de facturas correspondientes, a los fines de crear, por intermedio de ellas, el crédito fiscal ficticio.
Agravante
Vivian Barbosa sostuvo en su alegato que la finalidad de esta organización “era utilizar empresas con apariencia de ser reales y facilitar operaciones entre firmas falsas y contribuyentes reales que, al utilizarlas como crédito fiscal, reducían significativamente el monto del impuesto que deberían tributar (diferencia entre IVA compra e IVA venta), y a su vez les permitía computarlas como costo y, en su caso, gastos en el Impuesto a las Ganancias”.
En su alegato, Barbosa consideró un agravante que los imputados generaron “un complejo entramado de sociedades para facilitar la evasión impositiva de terceros, ya que no se limitaron a la creación de una sociedad con la cual operar sino que, al menos, utilizaron cinco sociedades distintas”. La acusación también destacó que la organización demostró “una ingeniería delictiva elaborada”, que incrementa la gravedad del hecho. Además, para constituir al menos una de estas sociedades se valieron de mujeres utilizando el engaño, “sea aprovechándose de su precaria situación económica y escasa instrucción, o sea defraudando la confianza depositada en una persona de la cual jamás desconfiaría que la involucraría en semejante operatoria”.
El pedido de penas y la condena
Zayas fue condenado a seis años de prisión por ser jefe de asociación ilícita fiscal, mientras que Ocampo recibió una pena de cinco años en calidad de organizador, y cuatro para Galarza en condición de integrante.