Condenaron a una periodista que habló sobre temas privados de un funcionario

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 74 responsabilizó por daños y perjuicios a una periodista que le atribuyó un romance a un funcionario público, porque, además de entrometerse en la vida privada del actor, el asunto nada tenía que ver con la nota que estaba realizando y no era de interés para la comunidad.

“La referencia a un supuesto ‘romance’ -supuesto porque no fue corroborado ni siquiera por los protagonistas- lleva en sí misma, teniendo en consideración la opinión de la mayoría o del hombre medio, un afán descalificante”, concluyó en sentenciante, quien, a su vez, consideró que la mujer se entrometió en la intimidad de una relación de pareja.

“Las manifestaciones sobre las conductas privadas de las personas exigen por parte de quien las formula una especial prudencia, pues la vida íntima, de pareja, goza de una protección constitucional de la que no se encuentran exentos quienes voluntariamente se dedican o involucran en la cosa pública” , indicó. La sentencia no está firme y se dictó en “M. G. c/ M. N. s/ daños y perjuicios”.

El magistrado explicó que cuando lo afectado es el derecho a la intimidad, la excepción de veracidad no resulta legitimadora, pues la responsabilidad proviene de la indebida publicación o divulgación de hechos de la vida íntima, veraces o no, y que es por ello que deviene irrelevante para definir la cuestión la llamada doctrina de la “real malicia”, en tanto esa elaboración jurisprudencial sería -de adoptarse- solamente aplicable para el supuesto de publicaciones difamatorias o erróneas.

“Si bien se tiene en consideración el grado de exposición pública al que voluntariamente accede el actor -funcionario público-, no se advierte que éste fomente las indiscreciones, ni que tácita o expresamente, autorice a la invasión a su privacidad y la violación del derecho a su vida privada en pareja”, resaltó el juzgador.

En otro tramo de su decisorio, dijo que la libertad de prensa no está garantizada para que “cada uno sepa todo de los demás” sino para que “cada uno sepa de los demás lo necesario que le permita opinar acerca de los asuntos que lo afectan como ciudadano o como miembro de la colectividad”.

“Las hipótesis de conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión deben resolverse en función de las circunstancias concretas del caso, no resultando posible formular una jerarquización apriorística”, señaló además.

Bajo esas premisas, estableció que el derecho a la libre expresión e información no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, ya que el honor o la intimidad de las personas pueden verse afectados por una injustificada lesión que resulte de un acto meramente culpable o aún del ejercicio abusivo del derecho de informar.

Umbral

“Si bien en las personas públicas se produce una disminución del umbral de protección, por lo que hay algunos aspecto de la vida privada que quedan librados al conocimiento público, lo dicho respecto de una relación con otra mujer que no es su pareja, no debió introducirse a este ámbito”, reiteró.

Asimismo, ponderó que “las personas públicas” no deben soportar estoicamente cualquier afrenta a su honor o su intimidad sin poder reclamar la reparación del daño injustamente sufrido, pues admitir lo contrario sería consagrar la existencia de una categoría de ciudadanos, sea por su función o desempeño, “huérfanos de tutela constitucional y expuestos al agravio”.

Buena fe

“La supuesta información no se encuentra amparada por la libertad de expresión, pues se excedieron los límites impuestos por la buena fe”, añadió el juez, quien opinó que la accionada obró con “el propósito evidente de atribuirle, con absoluto menosprecio, un romance” al reclamante , lo cual configuró una intrusión en la zona de reserva del sujeto no justificada por intereses superiores de la comunidad.

“Si la prensa excede los límites que le son propios y causa, sin derecho, perjuicio a los derechos individuales o personalísimos de otro, afectando su intimidad, es responsable del ejercicio abusivo de su derecho”, continuó.

Así, sostuvo que en la divulgación de la información existió un comportamiento desaprensivo, despreocupado por confirmar la veracidad o no de aquella, en contradicción con los deberes de prudencia y diligencia que impone la legislación civil.