ESCUCHARLa Justicia estableció que fue el jefe de una asociación ilícita dedicada a comerciar drogas y lavar activos. Se ordenó el decomiso de una finca de casi 20 mil hectáreas en favor del Estado Nacional
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Salta condenó a Delfín Castedo a 16 años de prisión tras considerarlo jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.
Además, fue responsabilizado como partícipe necesario del delito de falsificación material de documento público y coautor de falsedad ideológica de documento público agravada por tratarse de una acreditación para circular con vehículos.
El caso lo llevó la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA y el debate comenzó el 3 de noviembre de 2021.
Raúl Castedo -hermano del jefe de la organización- y al martillero público Eduardo Torino fueron condenados a nueve años de prisión como miembros de una asociación ilícita.
Por el mismo delito, el sentenciante le impuso siete años de prisión a los comerciantes Alberto Yudi y Luis Yudi, mientras que la ex mujer del líder del clan, Melba del Carmen Araujo, recibió cinco años.
En tanto, Mario Alberto Yudi -hijo de Alberto- fue condenado a tres años de prisión por lavado y quedó bsuelto por el beneficio de la duda respecto a la imputación como miembro de la organización.
Todos los condenados deberán abonar multas de entre $90.000 y $1.200.000.
Persecución
Al hacer uso de sus últimas palabras ante el tribunal, los hermanos Castedo rechazaron las acusaciones y se las adjudicaron a una persecución en su contra.
Por su parte, Torino insistió en que era ajeno a los hechos y que todo fue producto de un “mal negocio”. Araujo, por su parte, se describió como una persona “sencilla” y “de pueblo” a quien “le tocó ser la mujer de Castedo”.
Los Yudi se limitaron a expresar su inocencia y a pedir una sentencia justa.
En su fallo, el Tribunal también rechazó una serie de nulidades planteadas por las defensas de Delfín Castedo y Torino y excluyó los audios reproducidos por el defensor del líder de la organización.
Los jueces ordenaron el decomiso del automóvil VW Cross Fox en el que se movilizaba Araujo, que quedó a disposición del Gobierno de la provincia de Salta para ser destinado las necesidades de los ministerios de Salud o Educación.
“El Aybal”
También se decomisó a favor del Estado Nacional la finca “El Aybal”, de 19.954 hectáreas, ubicada en el departamento salteño de General San Martín.
La propiedad abarca los lotes “Caricate”, “Nupiau” y “Quebracho Ladeao” y limita con la frontera de Bolivia.
En relación a otros bienes cuyo decomiso fue solicitado por la PROCUNAR NOA, el tribunal difirió su tratamiento, dado que aún no se descarta la presentación de reclamo por parte de otros familiares e interesados.
Durante el debate se reseñaron los vínculos que los ahora condenados tenían con integrantes de otras organizaciones de narcos, tanto de Argentina como de Bolivia y Colombia, así como sus nexos con integrantes de las fuerzas de seguridad y hasta con operadores de la justicia provincial y federal.
En base a las pruebas, la acusación planteó con éxito que hubo un acuerdo de voluntades entre los encausados para gestar una asociación ilícita “con el objetivo de desarrollar actividades ligadas al narcotráfico, con un número indeterminado de otros delitos aleatorios”.
Citó el homicidio de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006. La mujer había denunciado públicamente que los Castedo usaban la finca “El Pajeal” para ingresar drogas desde territorio boliviano, ya que el campo colinda, en el país vecino, con una propiedad de una hermana de los Castedo.
La organización operó entre 1999 y julio de 2016, cuando se detuvo a su líder, tras permanecer 10 años prófugo en el marco de la investigación por el homicidio de Ledesma.
