ESCUCHARLa Cámara en lo Criminal, Correccional, Civil, Comercial, Familia y del Trabajo de la ciudad de Deán Funes condenó a la pena de tres años de prisión a la auditora externa de la Cooperativa de Consumo, Servicios Públicos y Sociales Deán Funes Limitada, por su participación necesaria en el delito de defraudación por administración fraudulenta continuada.
Asimismo, el tribunal le impuso una inhabilitación especial por igual término para el ejercicio de su profesión. La imputada accedió a un juicio abreviado luego de confesar su participación en una maniobra fraudulenta que le causó un grave perjuicio económico a la entidad.
Según se sostuvo en la acusación, la encartada y otras personas utilizaban facturas apócrifas o escaneadas de falsos proveedores para justificar contablemente el egreso y sustracción de sumas de dinero de la cooperativa. Así, se simulaba el pago de deudas a proveedores inexistentes.
El camarista Juan Abraham Elías (titular de la Sala Unipersonal de la Cámara) enfatizó en su fallo que ese ardid perjudicó económicamente a la empresa.
En ese sentido, el juez precisó que el daño se produjo cuando se concretaban pagos de cheques de la propia entidad por el banco girado, con los fondos existentes en la cuenta corriente de su titularidad. También detalló que la firma se perjudicó por la falta de ingreso del dinero correspondiente a los cheques de terceros en las arcas de la institución. Además de la contadora, están involucrados en las maniobras ilícitas la expresidenta de la Cooperativa de Consumo, Servicios Públicos y Sociales Deán Funes; el encargado del área de finanzas y el jefe del sector administrativo.
No obstante, contra el resto de los imputados sigue adelante la investigación.
Cese de prisión
Sin perjuicio de la condena impuesta en la sentencia, el magistrado dispuso el cese de prisión de la profesional porque su confesión posibilitó el esclarecimiento total de los hechos.
Además, la dejó en libertad porque el acuerdo económico al que llegaron las partes permitió que la entidad damnificada desistiera de la instancia de constitución en actora civil. Aún no se puede precisar el monto total de las maniobras, porque la investigación sigue en marcha respecto de los otros involucrados.
No obstante, la demanda civil planteada por la cooperativa, en lo que respecta al porcentaje asignado a la contadora, ascendía a casi seis millones de pesos, más los intereses correspondientes desde la fecha de la comisión de cada hecho.
Sin embargo, la encartada convino en entregar un inmueble (valuado en 1.260.000 pesos), un vehículo (tasado en 150.000 pesos) y 550.000 pesos (en 20 cuotas), en virtud de lo cual la cooperativa desistió de accionar civilmente, solo en relación con ella.
Al mismo tiempo, la auditora también deberá abonar 118.250 en concepto de tasa de Justicia.
