Condenan a una asociación por la muerte de un nadador de aguas abiertas

Prosperó la demanda presentada por la viuda del deportista en contra del organizador y del Estado. Se comprobó que había evidencia para que la fuerza de seguridad competente cancelara la competencia, por el estado del tiempo y del río Paraná

En Misiones, el Juzgado Federal en lo Civil de Posadas hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios presentada por la viuda de un deportista, padre de tres hijos, quien perdió la vida durante una competencia de nado en aguas abiertas : el cruce del río Paraná (Encarnación- Posadas), el 16 de enero de 2010.

La víctima era un profesor con trayectoria en Reconquista, provincia de Santa Fe.

Cumplía numerosas actividades en el ámbito deportivo de su comunidad y era director de la Escuela de Natación del Club Atlético Delante, de Reconquista, en el que se desempeñaba como entrenador del grupo de adolescentes y jóvenes de entre 13 y 25 años.

Desde 1992 participaba en eventos deportivos acompañando a sus alumnos en competencias de aguas abiertas.

La parte actora precisó que antes del evento el entrenador y competidor advirtió de que las condiciones del tiempo eran inestables , ya que había amanecido nublado, a media mañana la nubosidad se precipitó y aumentó la velocidad del viento.

Refirió que por esa razón les consultó a los organizadores y a los agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) si estaban dadas las condiciones mínimas de seguridad para que su equipo participara y que le aseguraron que sí y que el cruce se cumpliría conforme lo previsto.

“Si un conocedor del río sabía que eran necesarias más medidas de seguridad para este tipo de competencia, la fuerza especializada debería de estar en mejores condiciones de conocer la cuestión”.

(Del fallo del Juzgado Federal en lo Civil de Posadas)

Alegó también que los testigos coincidieron al señalar que en el lugar del hecho no había medios suficientes para auxilio y rescate y que la PNA no estaba preparada para la emergencia, ya que sólo había una lancha pequeña que en un primer momento se limitó a observar lo que pasaba y luego empezó a ayudar desde lejos, tirando salvavidas redondos atados con una soga a quienes estaban en el agua para arrastrar a quienes pudieran tomarlos.

Al admitir la acción en contra del organizador y del Estado (PNA), el sentenciante enfatizó que se comprobó la “existencia de evidencia suficiente” como para que la fuerza de seguridad competente cancelara la competencia, teniendo presente no sólo las previsiones meteorológicas para el día del evento sino también el estado del río Paraná.

El sentenciante aclaró que no se podía plantear como defensa por la falta de acción de la PNA el hecho de que el accidente hubiera sucedido en aguas jurisdiccionales paraguayas; ello así, porque la proximidad de las fronteras con este país, y el propio curso del Paraná que comparten, son la fuente de una “relación amistosa y fluida tanto entre los países como entre las fuerzas de seguridad”.

Agregó que también era digna de consideración la exigencia a los organizadores de mayores medidas de seguridad y que ellos podrían haber suspendido el inicio de la carrera si aquéllas no estaban cumplidas.

En su fallo, el tribunal enfatizó que no existió boyado ni demarcación de la cancha de nado en el Paraná, en la que cada atleta y su acompañante piragüero trazaban su trayectoria, ni advertencia de la presencia de barcazas ni limitación de la zona en la que se encontraban para evitar colisiones con los artefactos anclados.

Aguas jurisdiccionales

En tanto, aclaró que no se podía plantear como defensa por la falta de acción de la PNA el hecho de que el accidente hubiera sucedido en aguas jurisdiccionales paraguayas; ello así, porque la proximidad de las fronteras con este país y el propio curso del Paraná que comparten, son la fuente de una “relación amistosa y fluida tanto entre los países como entre las fuerzas de seguridad”.

“Los ciudadanos argentinos y paraguayos y los buques mercantes argentinos y paraguayos tienen libertad de navegación”, recordó, concluyendo que, por ello, no era posible referir que las fuerzas de seguridad de un país no pudieran concurrir para la realización de las tareas de salvamento, porque el siniestro tuvo lugar a escasos 500 metros del límite jurisdiccional.

En cuanto al pedido de indemnización por daño moral, enfatizó que era procedente y que no era necesario un análisis pormenorizado para entender “el padecimiento de tres hijos menores que se vieron desprendidos de la presencia de su padre en su crecimiento, y de una mujer que se vio privada de seguir compartiendo su proyecto de vida con su compañero”.

El tribunal rechazó la demanda contra el dueño de las barcazas precisando que, más allá de su carácter peligroso, contaban con la correspondiente autorización de la autoridad portuaria paraguaya, estaban amarradas conforme las técnicas imperantes en la materia y en atención a la practicidad de los medios disponibles.

En función de decisorio, la Asociación Mercosur de Aguas Abiertas y la PNA deberán abonar en forma solidaria más de 40 millones de pesos en carácter de daño patrimonial y más de 10 millones por daño moral.