Condenan a Fadea a indemnizar a un trabajador que sufre 70% de incapacidad

El TSJ consideró que los peritajes médicos fueron descartados sin justificación y destacó la imposibilidad del empleado de reinsertarse en el mercado laboral

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ ) admitió la casación presentada por un trabajador de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín SA ( Fadea ) y ordenó el pago del resarcimiento reclamado .

Al presentar la casación, el actor denunció que el tribunal, con arbitrariedad manifiesta, desbarató la validez probatoria de los peritajes médico s que acreditaban que, al tiempo del distracto, se encontraba absolutamente incapacitado. Alegó que la continuidad en la prestación de tareas de ninguna manera pudo desvirtuar los informes médicos que indicaron su situación de incapacidad al momento del cese. Entendió que el juzgador confundió imposibilidad o postración con la incapacidad absoluta regulada en el dispositiv o; y planteó que se vulneraron las reglas de la lógica porque de los dichos de los testigos no es posible derivar que él se desempeñaba con normalidad hasta la finalización de la relación, ya que uno de los testigos dijo lo contrario: le buscaban puestos que no representara esfuerzos.

El actor continuó señalando que el a quo contradijo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin advertir de que el vínculo fue extinguido a instancia del actor mediante el telegrama en el que comunicó su situación de incapacidad, que fue acreditada mediante los peritajes médicos.

Al resolver, el TSJ integrado por los vocales Luis Enrique Rubio, Mercedes Blanc de Arabel y Luis Eugenio Angulo indicó que el juzgador había señalado en la sentencia impugnada que, con anterioridad a que el reclamante comunicara su renuncia por incapacidad absoluta, le acordaron la jubilación ordinaria.

Asimismo, destacó que el a quo había aludido a que el trabajador continuó prestando tareas con normalidad y gozó del beneficio previsional dos meses antes del cese, enfatizando que los recibos de haberes no indicaron la existencia de licencias por enfermedad ni período de reserva del puesto, además de descartar los peritajes médicos porque omitieron consignar que, a la fecha del distracto, el actor estaba jubilado, no tuvo licencias ni el período de reserva mencionado.

Bajo esas premisas el TSJ advirtió de que el a quo descartó arbitrariamente la prueba médica aportada, ya que sus reparos en torno a su eficacia para acreditar el estado de imposibilidad física total no fueron justificados .

Al respecto, precisó que la continuidad en la prestación laboral, la ausencia de licencias por enfermedad y la obtención del beneficio previsional ordinario dos meses antes de la renuncia del accionante constituyeron circunstancias ineficaces para descalificar los

dictámenes médicos basados en exámenes psicofísicos e historia clínica que documentaron las minusvalías especificadas por los galenos.

Entonces, i nfirió el Alto Cuerpo que la existencia de la incapacidad absoluta del empleado al tiempo del cese (72,03% de la TO) fue acreditada, y destacó que el remanente de capacidad que posee no puede considerarse seriamente como posibilidad de ejercer o conseguir un empleo o que tenga chances de reinsertarse en el mercado laboral. Además, valoró que la norma laboral impone una indemnización

asistencialista , que suple la necesidad generada por el accidente o la enfermedad inculpables. Agregó que el menoscabo físico puede no sólo impedir al dependiente desempeñar una actividad productiva para su último patrón sino también obstarle a su

inserción razonable en el mercado laboral, derivando que es casi imposible pensar que este trabajador, con un residual de capacidad de menos de 30% de la TO, pueda ser admitido en un nuevo empleo .

Así las cosas, en el fallo se resolvió que no existe impedimento que obstaculice la compensación reclamada : el actor continuó desempeñándose durante los dos meses posteriores a la obtención de la jubilación ordinaria pero en su telegrama de renuncia

comunicó que se encontraba incapacitado absoluta y definitivamente para trabajar, cuestión que fue corroborada por los peritajes médicos que tuvieron en cuenta estudios clínicos contemporáneos al cese.

En consecuencia, se ordenó que debe acogerse la demanda y condenar a la empleadora al pago de la indemnización prevista en el artículo 212, 4º párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).