ESCUCHARLa jueza de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Catalano, homologó 16 acuerdos de suspensión de juicio a prueba, en el marco de la audiencia de control de acusación seguida contra 25 ex funcionarios públicos -concejales- imputados por delitos de defraudación a la Administración pública e incumplimiento de deberes por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Según se pudo comprobar, los concejales imputados solicitaron y cobraron el IFE y en otros casos pidieron el beneficio pero no lo percibieron, ya sea porque fueron rechazados o simplemente no alcanzaron a cobrarlo.
Con sumas promedio de 10 a 20 mil pesos y, en algunos casos de 60.000, se arribó a un total estimado de 320 mil pesos, dinero que los acusados aportarán en concepto de donaciones a entidades de bien público, entre ellas hospitales, comedores y centros de salud de distintos municipios.
Al margen de estos aportes, la fiscalía también exigió la realización de tareas comunitarias, requisito que algunos imputados intentaron evitar. De tal forma, se logró reunir un total de 1.636 horas de trabajo comunitario de los 16 imputados, quienes cumplirán dicha colaboración en hospitales, centros de salud, comedores comunitarios y en las oficinas municipales.
Además, se acordó, en los casos de hechos consumados, se inhabilite a los acusados para participar como candidatos en dos procesos electorales.
