Conceden amparo por una bomba de insulina

La Justicia en lo Contencioso-administrativo provincial ordenó a la Apross proveer el equipamiento para la hija menor de un afiliado. La niña padece diabetes mellitus tipo 1, con complicaciones [privado]

La Cámara 2ª en lo Contencioso-administrativo de Córdoba hizo lugar al amparo contra Apross promovido en favor de una menor de edad y ordenó a esa obra social la cobertura integral del tratamiento con microinfusora de insulina con sensor continuo de glucosa integrado, la niña padece diabetes mellitus tipo 1.

La parte actora invocó la tutela de los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud de la hija, los que entienden se encuentran lesionados o amenazados ante su incumplimiento.

Los jueces Humberto Sanchez Gavier y María Inés Ortiz de Gallardo sostuvieron que, evaluados los antecedentes, éstos demuestran suficiencia a los fines de valorar los extremos de la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, indispensables para hacer lugar a la tutela cautelar y para otorgar, en un objetivo contexto de excepción, la cobertura requerida.

En tal sentido, el fallo remarcó que no se encuentra controvertida la relación que une a ambas partes, ni la enfermedad que padece la amparista, con complicaciones por frecuentes episodios de hipoglucemias prolongadas, muchas de ellas nocturnas e inadvertidas.

Cuadro

Los magistrados remarcaron que el cuadro de enfermedad que atraviesa la amparista se evidencia en que el sistema integrado de monitoreo continuo de glucosa la ayudaría a lograr mejores resultados, optimizar el control metabólico y evitar complicaciones a largo plazo o agravar las existentes, teniendo especialmente en cuenta la edad de la paciente y la falta de autonomía para llevar un control estricto de su metabolismo y de su ingesta, dependiendo absolutamente de los cuidados parentales.

El decisorio indicó que Apross invocó -para no hacer lugar a la prestación- que para poder evaluar lo solicitado se deberá presentar documentación de la paciente, sin explicitar cuales son los criterios incumplidos ni justificar debidamente la conveniencia de los estudios sugeridos respecto de lo solicitado, pese a lo cual ratifica la necesidad del dispositivo en cuestión.

El tribunal aclaró que no acreditar el uso de un servicio de emergencia médica para atender los episodios de hipoglucemias “no es una razón médico legal autosuficiente para denegar la prestación, siendo dirimentes los datos bioquímicos de la amparista y los estudios de diagnósticos específicos realizados sobre la misma, como los determinantes para definir la dinámica de los niveles de glucemia”.

Peligro

En lo atinente al peligro inminente, el fallo apuntó que el mantenimiento de la situación de hecho existente “priva del goce del tratamiento adecuado a los niveles de labilidad de la insulina que presenta la amparista, con el riesgo que ello implica para desarrollar un plan de vida que, a pesar de su patología, le permita insertarse en la sociedad y evitar, a futuro, un daño de muy difícil cuantificación y reparación ulterior”.

Finalmente, los sentenciantes evaluaron que el derecho a la salud que prevé la Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, C.N.) cambió la concepción de la infancia como tal, pues los niños dejaron de ser objeto de derecho, para pasar a ser sujetos de derecho.

De ello se derivó que cuando se trata de un menor que requiere de atención médica para el desarrollo de su vida en condiciones de dignidad, “debe extremarse la salvaguarda del principio de inmediatez en resguardo de los derechos fundamentales de la menor, en procura de su protección”.

En consecuencia, en el fallo se resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada y que la accionada podría proveer directamente la prestación, o bien, los fondos necesarios para su adquisición del equipamiento por parte de la beneficiaria, siendo obligación de esta última acompañar el presupuesto que refleje el valor actual de que se trata, para que la demandada acredite el importe.