ESCUCHARLa Asociación Empresaria Argentina (AEA), que nuclea a firmas como Techint, Arcor y Bagó, entre otras, definió como de “extrema gravedad institucional” la intención del Ejecutivo de no cumplir un fallo de la Corte sobre la coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
“La República se construye sólo sobre el respeto a la institucionalidad establecida en nuestra Constitución Nacional”, aseguró la asociación. Desde IDEA, en tanto, destacaron en un comunicado que una encuesta de la que participaron más de 250 empresarios se citó la “estabilidad institucional” como el principal factor para incentivar la inversión.
“El respeto absoluto a los fallos de la Justicia es un pilar de la democracia y, por lo tanto, de la estabilidad en las reglas de juego, que es imprescindible para que aumente la inversión privada y, con ello, el empleo”, planteó IDEA.
“El anuncio del Poder Ejecutivo que implica el no acatamiento del reciente fallo de la Corte es de una inusitada gravedad institucional y un peligroso precedente para que otros actores decidan cumplir solo con aquellas decisiones que les son favorables”, añadió la entidad que agrupa a empresarios de distintos sectores.
Por su parte, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) consideró que la posición del Gobierno nacional altera la división de poderes.
“Las recientes declaraciones en contra de un fallo de la Corte por parte del Poder Ejecutivo traen incertidumbre e inestabilidad política, jurídica e institucional a un país en el que, quienes invierten y dan trabajo, cada vez tienen menos certezas y garantías”, resaltó.
“Instamos al Poder Ejecutivo a que acate las decisiones de la Justicia en general y de la Corte en particular, como lo hacen las naciones avanzadas que le brindan a su población un crecimiento digno, mediante el respeto real e indefectible de sus Instituciones”, agregó.
En la misma línea, el Foro de Convergencia Empresarial valoró que la anunciada decisión de Fernández de no acatar lo decidido por la máxima instancia configura una situación de extrema gravedad institucional. “Quien ocupa el más alto cargo del Poder Ejecutivo, y que, al asumirlo, ha jurado observar y hacer observar esa Constitución, debería mostrar una conducta ejemplar y acatar las decisiones del más alto tribunal. No hacerlo genera un grado inusitado de confusión e incertidumbre, de gravísimas y negativas implicancias tanto en lo económico como en lo social”, planteó.
Bajo esa premisa, el foto instó al Ejecutivo a “reconsiderar su postura” para evitar “la configuración de una situación que, más allá de sus imprevisibles consecuencias institucionales, afecta gravemente la confianza en el país que requieren las inversiones que tanto se necesitan”.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) también manifiestó su preocupación por lo sucedido. “Sin entrar en la cuestión de fondo respecto al recorte, el posible incumplimiento de una sentencia del máximo tribunal es un hecho de enorme gravedad institucional”, aseguró la entidad que preside Mario Grinman.
“El flagrante desconocimiento del fallo -que es el escenario que se prevé tras el comunicado emitido por Presidencia de la Nación, en el que se lo califica como ‘de imposible cumplimiento’- dañaría severamente a nuestra República, lesionando la confianza de los inversores locales y del exterior y, fundamentalmente, dejaría a todos los ciudadanos más desamparados ante el poder de turno”, aseguró la CAC.
La Unión Industrial Argentina (UIA) se sumó al mensaje y señaló que “la división de poderes es un activo que todos los argentinos debemos preservar, respetar y potenciar”.
La entidad destacó “la relevancia de respetar la división de poderes en tanto que dimensión fundamental para generar previsibilidad jurídica e institucional”.
“Hombre de derecho”
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) también fustigaron la postura del Gobierno y la definieron como un “golpe institucional”.
“En un contexto de euforia mundialista y clima pre navideño, la gravedad de la decisión del Poder Ejecutivo no es avizorada aun por la ciudadanía, pero si por los actores económicos, generando inseguridad jurídica y más incertidumbre en vísperas de un año de alto contenido político y electoral”, señalaron.
Además, plantearon que el “desafío al orden institucional” que se verificó es “más grave aún” porque es promovido “por un presidente que dice ser un hombre de derecho”.
“Carbap desde siempre defendió el federalismo, la libertad y la justicia, elementos indispensables para el desarrollo armónico de nuestra república. Por eso instamos a las autoridades del Ejecutivo Nacional y a las autoridades provinciales de Buenos Aires y La Pampa a revertir esta situación que no hace más que dilatar e impedir la normal recuperación de nuestro país”, expresaron.
También vía comunicado, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) rechazó la decisión del Ejecutivo de no acatar lo resuelto por la Corte y juzgó que implica “un quiebre institucional del sistema republicano” y que pone en riesgo el orden legal.
“Argumentar que el fallo es ‘de imposible cumplimiento’ y solicitar su revocación no solo carece de sustento práctico y legal, sino que implica vulnerar la división de poderes de nuestro sistema republicano”, añadió.
“Cada poder debe actuar dentro del marco de sus competencias y no dar lugar a avasallamientos”, consignó también.
La AmCham consideró indispensable que el Ejecutivo revise su decisión, que se “enmarque en el alcance jurídico” que dispone la Constitución Nacional, y que “se focalice sobre cuestiones que sean centrales a las necesidades de los argentinos y contribuyan al desarrollo del país”.
