ESCUCHAREl abogado Alberto Garaya destacó que la iniciativa debería incorporar más fiscales -no más jueces- para ser congruente con la aplicación del nuevo Código Procesal. Mientras tanto, mediante una acordada, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal se pronunció en contra de los cambios propuestos
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado recibieron ayer las opiniones de especialistas sobre el proyecto de ley de reforma judicial, enviado por el Gobierno nacional.
El debate de la iniciativa comenzó el martes, con la participación de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.
La segunda reunión informativa se inició con la exposición del abogado Emanuel Desojo, quien consideró que el proyecto “va a mejorar la calidad institucional del Poder Judicial, no sólo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país” y agregó: “Celebramos que se contemple a los juzgados federales del interior”.
El presidente de Abogados por la Justicia Social (AJUS) La Plata-Berisso-Ensenada denunció el “deterioro institucional que sufrió el Poder Judicial en los últimos años, donde se configuró un sistema judicial al servicio de las necesidades de un Poder Ejecutivo, que a través de actos de intimidación y presiones socavó la independencia que debe ostentar la Justicia como parte de un Estado de Derecho”.
“La amplificación y unificación de los juzgados federales y de los tribunales orales nos parece un camino correcto para fortalecer la independencia de las instituciones y de sus magistrados, evitando que solo unos pocos jueces queden expuestos a presiones directas o indirectas y a denuncias mediáticas”, añadió.
A continuación, el abogado magister Alberto Garay enfatizó: “Cualquier reforma que se haga tiene que ser una reforma muy meditada, porque todo el capital que tiene el Poder Judicial en lo penal está depositado en la confianza que sobre ello tenga la población”.
Garay señaló que el proyecto “adolece de algunas inconsistencias y deficiencias técnicas”, como por ejemplo que el aumento de juzgados federales en la Ciudad de Buenos Aires “es enorme; es el aumento más grande de toda la historia de un solo plumazo”. A este respecto, alertó sobre “la falta de constatación empírica de la necesidad de tantos juzgados federales en Capital”.
Otro de los puntos que destacó Garay fue el referido al método de designación de los jueces para los nuevos juzgados, el cual sostuvo “es en contra de la Constitución”. A una pregunta de la senadora radical Silvia Elías de Pérez, el abogado explicó que los pasos son “un proceso de evaluación de antecedentes, se toma un examen, luego se va ante la comisión, el Consejo de la Magistratura elige una terna, pasa al Poder Ejecutivo y luego al Senado para el acuerdo”.
“Acá desaparece el examen directamente, desaparece la propuesta de tres candidatos y, en realidad, a la gente que se proponga la va a designar primero la Cámara de Casación Penal y más adelante el Consejo de la Magistratura”, indicó. Asimismo, dijo que “la reforma no es congruente con la reforma del Código Procesal Penal: deberían nombrar más fiscales, no más jueces”.
En contra
Mientras tanto, en la justicia el proyecto de reforma judicial del Gobierno volvió a ser criticado por otro tribunal de apelaciones. Ayer, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal -que se fusionará con la Contencioso-administrativa, de aprobarse las modificaciones que impulsa la Casa Rosada- firmó una acordada con críticas al proyecto.
“La unificación propuesta en el proyecto implica soslayar la especialidad de cada fuero, ganada durante décadas de funcionamiento autónomo”, afirmaron los camaristas.
Según ellos, la fusión generará dificultades de índole práctica en el funcionamiento de los tribunales, pero además “habilitará” cuestionamientos de los litigantes contra “el título del magistrado” que, habiendo concursado para el fuero civil y comercial, tome decisiones en causas contencioso-administrativas y viceversa.
El documento fue firmado por cuatro de los cinco miembros del tribunal, los jueces Guillermo Antelo, Fernando Uriarte, Alfredo Gusman y Eduardo Gottardi. El quinto camarista, Ricardo Recondo, se excusó de participar del acuerdo. Alegó que por su condición de miembro del Consejero de la Magistratura, de sancionarse la reforma, tendrá que participar de concursos “y otras decisiones” que quedarán en manos de ese organismo.
