ESCUCHAREn una primera etapa, el fiscal General podrá sumar efectivos de la actual policía de la División de Drogas Peligrosas. Una comisión de la Legislatura será designada para hacer su seguimiento. Hubo cruces y críticas.
Con modificaciones menores y luego de una larga sesión, se aprobaron ayer tres leyes claves en la Legislatura Unicameral: la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), las modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y cambios a cuatro artículos del Código Procesal Penal sobre prisión preventiva.
La creación de la nueva fuerza policial, que fue anunciada por el gobernador José Manuel de la Sota ante la Legislatura provincial el 1 de febrero último y que dependerá funcional y operativamente del fiscal General, Alejandro Moyano, fue acompañada por todos los bloques de la Unicameral excepto el del Frente Cívico (FC) y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).
Aunque las precisiones respecto del funcionamiento de la FPA serán motivo de la reglamentación de la ley, se conoció que contará con 200 efectivos. En el debate se plantearon dudas respecto de la posibilidad de que los actuales agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico puedan integrar la nueva fuerza en esta primera etapa de su creación. Ocurre que si la intención es depurar la cuestionada policía tras el denominado narcoescándalo que terminó con varios efectivos de la cúpula policial detenidos, esta posibilidad de sumar a los mismos agentes a una nueva fuerza generó reparos entre varios legisladores de la oposición.
Otro de los planteos que surgió en debate fue el relativo a la colaboración que prestará la FPA a la Justicia federal. Al respecto, la legisladora María Fernanda Leiva, del FC, se quejó porque el fuero Federal deberá reclamar ante un director administrativo la colaboración de la Policía Antinarcotráfico, en lugar de poder recurrir directamente al fiscal General.
“¿Dónde está el prinicipio de inmediatez y urgencia, cómo se les ocurre limitar el acceso a la Justicia federal?”, se preguntó la legisladora.
Leiva también fue muy crítica respecto de la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF). “Con la excusa de modificar el MPF no aumentan la capacidad de respuesta, aumentan los cargos políticos jerárquicos en el MPF”, resaltó. Y agregó: “Lo que antes hacía la Policía Judicial a través de la Policía Científica y de sumarios, lo han desdoblado en direcciones y palabras lindas.”
Del FIT, Cintia Frencia calificó la creación de la policía antinarcóticos como un reciclaje de la policía anterior. “No hay un verdadero compromiso para desmantelar las redes de narcotráfico, es un cambio de rótulo”, indicó.
A su turno, el legislador socialista Roberto Birri, aunque acompañó con su voto el proyecto, reiteró su postura respecto de que la Justicia provincial nunca debió hacerse cargo de la investigación del narcomenudeo. En ese sentido, opinó que en lugar de crearse una nueva fuerza policial se deberían haber aunado esfuerzos brindándole a la Justicia federal “más presupuesto, más recursos y más logística”.
El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) decidió acompañar la creación de la nueva fuerza policial luego de que el oficialismo aceptó incluir entre las modificaciones que una comisión de la Legislatura sea la encargada de su seguimiento.
Limitan las preventivas
Además de la creación de la nueva fuerza policial y la Ley Orgánica del MPF, a última hora de ayer se aprobó la modificación del artículo 281 del Código Procesal Penal de Córdoba.
Al defender la iniciativa, el legislador Sergio Busso indicó que el objetivo de la reforma es que la Justicia de Córdoba “tenga una herramienta para que el fallo de la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) se aplique evitando cualquier exceso.”
