ESCUCHARLos organismos de Derechos Humanos manifestaron su preocupación por la demora de los juicios del lesa humanidad. Se atribuyó el problema a la falta de magistrados federales y nacionales
La comisión Interpoderes de la Corte Suprema, dedicada a revisar la agilidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, se reunió nuevamente y ratificó que esos procesos son “una política de Estado”.
El encuentro fue convocado por el presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, a pedido de los organismos de derechos humanos, que querían manifestar sus “preocupaciones ante los principales problemas que afectan el avance de los juicios”.
La Comisión Interpoderes fue creada por la Corte Suprema en 2008 con la función de acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad y se había reunido por última vez en agosto de 2015.
En esta oportunidad se abordó un amplio temario, aunque el foco de los problemas estuvo puesto en las demoras de los procesos producto de las vacancias que se registran en los cargos del Poder Judicial de la Nación, lo cual dificulta la integración de los tribunales. En efecto, el juez Lorenzetti informó que se encuentra vacante un tercio de los 900 cargos de magistrados federales y nacionales de todo el país.
Ante este panorama, el titular de la Corte asumió el compromiso de abordar junto con el Consejo de la Magistratura de la Nación el problema de las vacancias y de empezar a trabajar junto a los representantes del Congreso Nacional para una ley de subrogancias. Además, solicitó a la Cámara Federal de Casación -que estaba representada por cinco de sus jueces- que se encargue de realizar un seguimiento de las agendas de los tribunales orales, uno de los ámbitos, donde también se registran demoras en los procesos,
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, coincidió en el diagnóstico sobre la lentitud de la marcha de los juicios y citó al respecto los informes de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que relatan la baja cantidad juicios con fecha de inicio respecto de la cifra de causas elevadas a debate oral y público.
