Competencia provincial en resolución de contrato con una prepaga médica

La Cámara 1ª Civil y Comercial de Córdoba dispuso la competencia de un juzgado de primera instancia para entender en una demanda donde prima la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y no normas que remitan al fuero federal, lo cual era resistido por la demandada, Prevención Salud SA.

El tribunal interpretó que se trataba de una acción de daños y perjuicios por la rescisión unilateral de la cobertura dispuesta por la prepaga mencionada, -supuestamente- por no informar al demandante afectado la enfermedad preexistente de un hijo menor.

El tribunal integrado por los vocales Guillermo Tinti y Julio Sánchez Torres advirtió que el accionante L.M.N. demandó persiguiendo el reintegro de los desembolsos que afrontó por las prácticas médicas a las que se debió someter su hijo F. N. debido a la falta de cobertura y reclamó, además, daño moral.

El hombre relató que el menor nació con cardiopatía de Ebstein severa y estuvo afiliado a otra prepaga médica hasta que se le colocó un marcapasos, tras lo cual se le requirió una cuota imposible de pagar, razón por la que se le dio de baja y motivó la contratación de Prevención Salud.

Para este cometido completó toda la documentación, percatándose de aclarar y llenar la declaración jurada donde constaba la patología del menor, quedando vinculado mediante el plan materno infantil y que se le habían autorizado controles cardiológicos durante casi dos años.

El padre indicó que en noviembre de 2022, cuando el niño tenía programado un cateterismo, el Hospital Privado le informó que la prepaga no estaba respondiendo a los pedidos médicos de las prácticas que debía realizarse su hijo y que, ante tal situación, ingresó a la aplicación de la demandada, donde la suya figuraba como “credencial dada de baja”, por lo que, dada la urgencia de las intervenciones quirúrgicas, las afrontó por su cuenta.

El tribunal relató que luego de ciertas vicisitudes el accionante tomó conocimiento de que la baja se debía a la presunta omisión de su parte, de consignar en la declaración jurada la patología preexistente de su hijo, lo que originó que todas las prácticas han sido abonadas por el actor y hasta la fecha no han sido reembolsadas por la demandada, pese a los reiterados reclamos a la prepaga de $2.352.616,28 en concepto de prestaciones médicas (internación en el Hospital Privado, consultas, ulterior control de marcapasos, control médico, ecocardiograma Doppler) y de daño moral.

Relación

La cámara advirtió que, antes de considerar la procedencia de los reembolsos, se debía analizar la cuestión que gravitó en la baja de la afiliación, lo cual se encuentra estrechamente vinculado con la relación de consumo amparada por la Constitución Nacional y la ley 24240, siendo entonces, estos presupuestos los que determinan la competencia material.

Así, se observó que tanto la obra social como la medicina prepaga son empresas de salud que ofrecen cobertura a las personas y están reguladas y controladas por la Superintendencia de Servicios de Salud, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, se advirtió que la principal diferencia es que las primeras las obras sociales se rigen por las leyes 23660 y 23661, que expresamente establecen competencia federal, en cambio las segundas se rigen por la ley 26682, que no la prevé.

Esta norma, en su artículo 4, refiere que la autoridad de aplicación es la cartera nacional de Salud, pero en lo que respecta a la relación de consumo y a la defensa de la competencia la actividad se rige por las leyes 24240 y 25.156 y sus modificatorias, no pudiendo desconocerse que la relación entre el actor y la prepaga se rige por la norma consumeril.

De igual modo, la alzada consideró que no se objetó el cumplimiento de las normas que implementan el sistema nacional de salud -cuestión que sí habilitaría la competencia federal por razón de la materia-, sumado a que la actora ha requerido la intervención de la justicia ordinaria, “ tratándose de un reclamo de derecho común derivado de un incumplimiento obligacional de base contractual ”.

Excluyente

En esa dirección se remarcó que el caso se originaba en un contrato de medicina prepaga, que escapa a la competencia federal excluyente plasmada en la ley 23361 para las obras sociales.

Por lo tanto, los jueces concluyeron que se estaba frente a una acción personal, por la que se pretende el reintegro de una suma de dinero y el daño moral ocasionado por la rescisión unilateral de la cobertura dispuesta por la empresa de medicina prepaga por no haber informado -supuestamente- la enfermedad preexistente del hijo menor; es decir, con base en una obligación nacida de un contrato celebrado entre dos particulares (un consumidor – cliente- y una empresa de medicina prepaga -Prevención Salud-).

En consecuencia, en el fallo se resolvió que correspondía hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el padre y se ordenó la continuación del trámite de la causa en el tribunal original, por resultar competente.