ESCUCHAREl Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba, presidido por José Fabián Asís e integrado por Noel Costa y Jaime Díaz Gavier, abrirá hoy la etapa de alegatos en el marco del juicio que se lleva adelante a un grupo de empresarios y sus colaboradores por su responsabilidad en la conformación de una asociación ilícita tributaria que ejecutó millonarias defraudaciones al Fisco mediante maniobras relativas a la comercialización de grandes volúmenes de cereales y soja.
Los acusados son Fernando Luis Cuello, sindicado como el organizador o jefe de la asociación ilícita, y su pareja, Natalia de los Ángeles Paulus; Jorge Ricardo Ferrer, Sergio Luis Guevara, Diego Gastón Ludueña, Luis Fernando Farías, Julio Daniel Luján, Rubén Rodolfo Ceva, Rosendo César González, Matías Elvio Giuggioloni, Daniel Ramón Pelayes, María Fernanda Farías, Juan José Ros, Rubén Omar Di Primio, Miguel Ángel Ortega, Félix Armando Cabral, Julio Omar González, Marcelo Alberto Sbagzdis, Néstor Rubén Beltrame, Pablo Martín Zotello y Horacio Omar Cismondi.
De acuerdo con la investigación, que se desarrolló en Villa María y se inició en diciembre de 2008 a partir de una denuncia anónima, la comercialización de cereales se realizó en Río Tercero, San Agustín, Despeñaderos y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La organización les compraba cereal “en negro” a productores reales, acopiadores o cooperativas, es decir, sin dejar registración alguna de la operatoria realizada ni de los intervinientes. Esta situación permitió, por un lado, que el verdadero productor no abonara las obligaciones tributarias que le correspondían por ley y, por otro, que el adquirente del cereal lo hiciera a un precio más bajo del que regía en la plaza legal.
Lo adquirido “en negro” era luego “blanqueado” y para ello la organización habría contado con empresas verdaderas que, con conocimiento del origen clandestino del producto, acordaban aparecer como adquirentes del cereal de las empresas apócrifas, las que habrían sido creadas por el mismo grupo, a ese efecto. La hipótesis que lleva a juicio a la mayoría de los acusados se centra en la actividad de FG Cereales porque era una de las firmas reales utilizadas por la asociación para que la maniobra pergeñada no pudiera ser advertida por el órgano de control. El rol de la firma era hacer aparecer que compraban granos a las empresas apócrifas. Así, no sólo blanqueaban el cereal que el grupo había adquirido marginalmente a productores reales, que permanecieron ocultos, sino también para computar crédito fiscal a raíz de las operaciones inexistentes llevadas a cabo con las empresas apócrifas.
Las operaciones realizadas por el grupo desde el año 2008 a la fecha ascendieron a la suma de $1.708.832.168.
