ESCUCHAREl miércoles, en un plenario de comisiones, la Cámara de Diputados iniciará el debate del proyecto enviado por el Gobierno nacional que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
La iniciativa será puesta a consideración en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda.
El Poder Ejecutivo giró la iniciativa a mediados de julio.
“La finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito”, reza uno de los artículos de la iniciativa.
A su vez, aclara que el juez y el representante del Ministerio Público Fiscal “deberán velar en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas” por los delitos cometidos por adolescentes.
Entre las medidas complementarias figuran el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral y deportivos y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario, entre otras.
El proyecto prevé que si el adolescente careciera de grupo familiar o si “resultara inconveniente y perjudicial para su interés superior”, el juez deberá darle intervención a la autoridad competente en protección de sus derechos. “En todos los casos, se deberá oír y tener en cuenta la opinión del adolescente imputado, su defensor, el fiscal y la víctima”, suma.
Sobre la reclusión, indica que “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, que cada jurisdicción organizará siguiendo los principios generales que se establecen”.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostuvo que la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno problemas más graves de la sociedad y que su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva.
Resaltó además que, en comparación con la región, la edad de 16 se encuentra entre las más bajas. En ese sentido, resaltó que son 14 en Chile, Colombia y Perú; 13 en Guatemala, Nicaragua y Uruguay; 12 en Brasil y México y 7 en Granada y Trinidad y Tobago.
