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Su objetivo es reducir los plazos procesales, priorizar las medidas no privativas de la libertad y poner en marcha la mediación penal. Los fiscales se harán cargo de la acusación
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dispuso que el próximo miércoles entre en vigencia la reforma penal juvenil que fue aprobada en junio de 2019 mediante la ley 10637.
Se trata de una normativa muy esperada por los operadores judiciales y defensores de los niños y adolescentes puesto que, entre otras cuestiones, permitirá disminuir los plazos procesales; prioriza la opción de medidas no privativas de la libertad, como la supervisión en el territorio y los servicios en beneficio de la comunidad; e incorpora salidas alternativas al proceso, como la mediación penal juvenil y la derivación a programas de justicia restaurativa.
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