Comienza a implementarse la oralidad para resolver las preventivas

Regirá desde el próximo viernes 15. Por el momento, el procedimiento se aplicará sólo en tres juzgados de Control de la Primera Circunscripción de la ciudad Capital para los casos de flagrancia y cuasiflagrancia

Cinco años después de que la reforma fue aprobada por la Legislatura de Córdoba, finalmente el Poder Judicial comenzará a poner en marcha las audiencias orales de prisión preventiva en el fuero Penal .

Será desde el próximo viernes 15 y, en esta primera etapa, se limitará a los juzgados de Control y Faltas N° 1, 2 y 3 de los tribunales de la ciudad de Córdoba, sólo para los delitos en flagrancia o cuasiflagrancia , según lo resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) mediante el acuerdo reglamentario N° 1747 - serie A.

Las audiencias orales de prisión preventiva fueron aprobadas por la Legislatura Unicameral en 2017, por medio de la ley 10457 . En un primer momento, la normativa fue suspendida por el TSJ, al considerar que la aplicación de las audiencias orales en la investigación penal preparatoria resultaban materialmente imposibles de realizar. En marzo de 2020 estaba todo listo para habilitar este procedimiento pero la pandemia del covid-19 hizo volver nuevamente marcha atrás la decisión y se suspendió su aplicación.

La reforma establece que será el juez de control el encargado de resolver acerca de la prisión preventiva de una persona traída a proceso, previa audiencia oral requerida por el fiscal de instrucción invocando los fundamentos para ello, con la presencia del defensor y el imputado y la víctima en el supuesta caso que ésta última así lo requiera .

Dotar de mayor celeridad al proceso es el objetivo principal que se busca al oralizar esta etapa del proceso judicial . Cabe destacar que la obra anexa al Palacio de Tribunales II cuenta con salas equipadas con equipos de videoconferencia para que allí tengan lugar las audiencias orales .

Procedimiento

Para solicitar la fijación de la audiencia oral de prisión preventiva el fiscal deberá detallar los datos personales del imputado, una sucinta enunciación de los hechos atribuidos y de la prueba, la calificación legal del delito y la mención de los indicios de peligro procesal en que se funda la pretensión, con cita de las disposiciones legales aplicables.

Cumplido el plazo de 48 horas, se fijará el día y la hora para la celebración de la audiencia oral.

En la audiencia, el juez de Control interrogará al imputado sobre sus datos personales, el fiscal expondrá oralmente los fundamentos de la solicitud de prisión preventiva y cuándo se concederá la palabra a la defensa y a la víctima.

El juez de Control dará al imputado la oportunidad de ser oído, con la asistencia e intervención de su defensor y luego, de formular las preguntas aclaratorias, resolverá por auto el planteo. A pedido de parte o cuando se hiciera imposible la presencia del imputado en la audiencia, ésta se podrá desarrollar mediante sistemas de video para garantizar el derecho de defensa del imputado.

Una vez concluida la audiencia y firme la resolución del juez de Control, el incidente de prisión preventiva será devuelto mediante el SAC a la fiscalía de Instrucción, pasando a ser parte integrante del expediente principal.

Excepción de la oralidad

En los casos de excepción a la oralidad previstos por el artículo 336 bis, el fiscal y la defensa podrán solicitar al juez que el trámite sea escrito en los plazos allí fijados. En caso de que así se resuelva, el fiscal de Instrucción, por decreto fundado, requerirá al juez de Control la prisión preventiva, la que será notificada al imputado. La defensa podrá informar por escrito y el juez resolverá por auto el planteo.

Por mayoría

La reforma del Código Procesal Penal fue sancionada en 2017 y ampliamente respaldada en la Legislatura provincial.

Además de Unión por Córdoba, adhirieron la UCR, el PRO, el Frente Cívico y Córdoba Podemos. El vecinalista Aurelio García Elorrio planteó diversos reparos y rechazó la iniciativa. Mientras que el FIT y el PTS-FIT se abstuvieron a la hora de votar los cambios.

En aquella ocasión también se aprobaron modificaciones en los criterios de oportunidad (se fijaron reglas de disponibilidad de la acción penal); se introdujeron cambios en la suspensión del juicio a prueba (se dispuso que también pueda ser solicitado por el fiscal) y en el cómputo de los plazos procesales.