ESCUCHAR“Los elementos probatorios reunidos llevan a sospechar que, en los casos que aquí se investigan, el interés público fue desviado”.
Bajo esa premisa, en el expediente donde se investigan irregularidades en el manejo de comedores sociales, el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria al dirigente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, el 15 de junio.
Casanello indicó que tomó la decisión después de “avanzar en el estudio patrimonial de las personas investigadas”, en el marco de los acuerdos suscriptos con el Estado, debido a que “la percepción y disposición ilegítima de fondos públicos” integró parte de los hechos.
Así, determinó que personas nucleadas bajo las figuras asociativas Asociación Polo Obrero y Cooperativa El Resplandor Ltda., habrían administrado de manera indebida “al menos una parte” de los recursos estatales que recibieron vía convenios con el ex Ministerio de Desarrollo Social en el marco del programa Potenciar Trabajo.
Casanello sostuvo que se comprobó el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para “disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
Sumó que se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de distintas personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. “Lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, subrayó.
Según Casanello, la maniobra se integró con exigencias a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios del Potenciar Trabajo de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), de aportar dinero a la organización y hasta de votar por un candidato, bajo la amenaza de perder la ayuda.
Casanello advirtió sobre “una distorsión de la noble política estatal en defensa de los más necesitados” de la que participaban “algunos actores”.
“La organización recibía fondos del Estado y asumió una serie de obligaciones de administración”, acotó.
Auditorías
Hace dos semanas, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia penal por incumplimiento de deberes y fraude a la Administración Pública, al verificar que casi el 50% de los comedores y merenderos que recibían asistencia estatal no existen.
La cartera reiteró que no se controló la salida de alimentos destinados a sectores vulnerables. También expuso que no se relevó a qué lugares iban, quiénes eran los responsables de los establecimientos y a cuántas personas asistían.
La Subsecretaría Legal de Capital Humano, dirigida por Leila Gianni, aportó los nombres de los comedores “fantasma”; entre ellos, “Pequeños Gigantes de Quilmes”, “Cielos Abiertos” y “Luz de Luna de Pereyra”. Según precisó, “no existían los domicilios declarados como supuestos comedores”.
En esa línea, indicó que de las auditorías surgió que de la totalidad de los establecimientos sólo se pudo relevar el 52,3%.
Capital Humano expuso que pese a la existencia del Registro Nacional de Comedores Comunitarios (RENACOM) –que fue creado en julio de 2020 y quedó en manos de la camporista Laura Alonso- el Estado Nacional debería haber controlado “sistemáticamente”.
