Clínica paga daños por no medicar y cortar sin aviso el plan de salud

La decisión del tribunal de alzada entendió que la demandante contaba con las prestaciones del nosocomio gracias a un acuerdo pago que firmó con el cónyuge de aquélla, empleado de una automotriztar sin aviso el plan de salud

La Cámara 7ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó la sentencia de primera instancia en contra de Clínica Romagosa SA por no otorgar a la demandante medicamentos para el tratamiento de su diabetes e interrumpir repentinamente el plan de salud que se estaba brindando.

El tribunal de alzada rechazó la apelación presentada por el nosocomio accionado y ratificó el fallo de grado por daños emergente, moral y punitivo, al acreditarse la falta de cobertura durante la vigencia del contrato de los remedios en cuestión y la baja aludida en las prestaciones, lo cual contraría lo prescripto por la ley de obras sociales.

La decisión validó que de la prueba rendida surgió la existencia de un contrato de medicina prepaga entre la actora y la clínica demandada.

La accionada presentó apelación contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Mariela Norma Gil en contra de Clínica Romagosa SA y condenó a ésta a abonar $1.615 por daño emergente; $200.000 por daño moral y $150.000 por daño punitivo, más los intereses.

Al expresar agravios, indicó que no financia prestaciones de salud (bajo ninguna figura obra social, medicina prepaga, mutual o cualquier otra que se le asemeje), sino que brinda prestaciones de salud a dichos financiadores.

Afirmó que la actora contaba con cobertura de obra social, la que sí estaba obligada a cubrir su medicación en virtud de la ley existente, agregando que mantuvo una relación con algunas personas brindando sólo prestaciones y algunos beneficios exclusivos en su nosocomio, pero de muy acotado carácter.

Fundamento

Añadió la clínica que no encuentra razón alguna para que el fundamento de los daños radique en la no obtención en 100% de los medicamentos mencionados, cuando la ley no impone que el obligado a cubrirlo sea una clínica privada.

Así, la demandada reprochó al a quo que haya entendido que Romagosa es una “empresa de medicina prepaga” aplicando la ley 26682, lo que calificó como “alejado de la realidad”.

Al analizar la apelación presentada por la actora, los vocales María Rosa Molina de Caminal y Jorge Miguel Flores consideraron que, respecto de la existencia del contrato, el a quo, pese a reconocer que no se había acompañado un contrato escrito, tuvo por acreditada la relación entre los litigantes a partir de otras pruebas obrantes en el expediente.

En esa idea, se destacó la informativa de Renault Argentina SA que revelaba que la actora había gozado de cobertura de los servicios de salud que prestaba Clínica Romagosa SA, por ser integrante del grupo familiar de un empleado suyo, afiliado a la clínica.

Testimoniales

En tal sentido, el fallo destacó las declaraciones testimoniales de una empleada administrativa de la clínica y una ex empleada, quienes se refirieron al funcionamiento de la cobertura directa de salud que el nosocomio otorgaba a algunos ex empleados de la firma Renault.

La alzada evaluó igualmente los carnés de afiliación pertenecientes al plan “Romagosa/Romagosa Directo”, como también las copias compulsadas de recibos de pago de cuotas del plan de salud “CRS Romagosa Directo”, extendidas por el nosocomio a favor del esposo de la demandante y la historia clínica de ésta, que consignaba que la obra social de la mujer era “CRS Romagosa Directo”.

Así, se concluyó que el juez de grado efectuó un meticuloso estudio del plexo probatorio para tener por acreditada la relación entre las partes y que ello dejó al descubierto la falta de sinceridad de Clínica Romagosa SA al negar cualquier conexión con la actora o su grupo familiar en la contestación de la demanda, subrayando que esta negativa insincera resultó contraria a la buena fe y patentizó la falta de seriedad de la oposición y la sinrazón de la pretensión revisora.

Vínculo

De lo expuesto se infirió que existía un vínculo previo del cónyuge de la mujer con la institución de salud y que ésta estaba comprendida en la categoría legal de “empresa de medicina prepaga” en virtud de la actividad que desarrollaba, brindando prestaciones de salud mediante una modalidad de asociación voluntaria mediante un pago de adhesión.

La decisión destacó que se acreditaron dos de los incumplimientos que sustentaban la pretensión resarcitoria, pues la clínica no había cubierto el costo de las prácticas y medicamentos necesarios para el tratamiento de la enfermedad de la actora durante la vigencia del plan de salud, y la rescisión unilateral e intempestiva del contrato por la demandada, que había implicado una interrupción repentina de la cobertura de salud.

Por lo señalado, en el fallo se resolvió rechazar el agravio presentado y confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto a los rubros admitidos.