ESCUCHARLos ministros de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; y de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, fueron convocados para este miércoles a las 9 a una audiencia por el juez Roberto Gallardo que entiende en la causa que se sigue por el retiro de la custodia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
No obstante, D’Alessandro anticipó anoche que no asistirá por considerar que, a partir de la recusación planteada por el Ejecutivo porteño contra el magistrado a cargo de este expediente, “queda sin efecto la audiencia” hasta que se resuelva esa cuestión.
La reunión fue citada para hoy a las 9 en la sala de audiencias número 8 del edificio ubicado en Suipacha 150 de la ciudad de Buenos Aires, informaron a Télam fuentes judiciales.
Fuentes judiciales aseguraron que la recusación planteada por el Gobierno porteño -presentada anoche vía remota cerca de las 18- no debería tener efectos sobre la audiencia convocada por Gallardo.
El objetivo de la audiencia es escuchar las posiciones que tiene para expresar el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño en relación a su actuación y a las medidas dispuestas en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta, y también dar lugar a que se exprese la cartera de Seguridad Nacional dado que la custodia de la vicepresidenta depende de las fuerzas federales.
Gallardo ordenó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que “cese en forma inmediata” la “ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vicepresidenta de la Nación”.
Lo hizo en relación a la decisión del Gobierno de CABA de colocar vallados y custodia de la policía ante las manifestaciones de apoyo a la vicepresidenta frente a su departamento del barrio porteño de Recoleta, a raíz de la acusación en su contra en el juicio por la obra pública en Santa Cruz.
El juez resolvió ante acciones de amparo presentadas por el dirigente social Juan Grabois y la legisladora porteña Ofelia Fernández, entre otros.
Gallardo ratificó que en base al régimen legal vigente, “la custodia de la persona y domicilio de la Vicepresidenta sito en esta ciudad, están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales”.
Además dejó establecido que “la fuerza federal encargada de la custodia presidencial será la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso”.
El magistrado porteño comunicó a D’Alessandro que la Policía de la Ciudad “deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio de autos, en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal vicepresidencial”.
En tanto, al anunciar que no concurrirá a la audiencia de esta mañana, el ministro de Justicia y Seguridad porteño aclaró que “esto no significa que no vaya a haber más instancias de diálogo” sino que “simplemente van a seguir sucediendo en los ámbitos adecuados”.
“En todos mis años de funcionario público, jamás había visto a un juez exigirle a un gobierno que su policía deje de custodiar una parte de su territorio. Estoy convencido de que va a primar la cordura”, añadió D’Alessandro en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.
“Se requiere a las partes, demás personas citadas y prensa, que presten debida observancia a tal antelación temporaria, en razón de la capacidad limitada de la Sala de Audiencias, así como para evitar dilaciones innecesarias en el acto”, solicitaron, en tanto, desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, a través de un comunicado.
La audiencia fue dispuesta por el juez Gallardo al hacer lugar a una acción de amparo que pedía sacar el vallado colocado en torno al edificio donde vive la vicepresidenta y terminar con la presencia de efectivos de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del departamento.
