ESCUCHAREn el marco del expediente por la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica, la Corte rechazó recursos y ordenó que el Estado indemnice a los acreedores de la firma por la expropiación que motorizó en 2013 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El monto en juego ronda los mil millones de pesos.
Cabe recordar que el ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.
En el juicio se estableció que mientras era ministro de Economía de Fernández de Kirchner, junto a otros cómplices, Boudou elaboró un plan para servirse con la compañía y lograr contratos con el Estado.
Cuando comenzó la investigación penal, en 2012, el kirchnerismo impulsó y logró que la expropiación de la firma fuera ley.
Así, la única imprenta privada en condiciones de hacer billetes, que ya se llamaba Compañía Sudamericana de Valores SA, se declaró de utilidad pública y se le entregó a la Casa de la Moneda.
Durante el debate parlamentario no quedó claro a quién pertenecía la empresa.
La norma que votó el Legislativo preveía un pago de 275 millones de pesos a ser compensado por las deudas impositivas de la firma, cuyo síndico acudió a la Justicia.
