ESCUCHARLo dispuso el juez Ariel Lijo. Ahora, el fiscal Jorge Di Lello tiene que expedirse sobre la acusación y podrá solicitar el sobreseimiento del funcionario, pedir más medidas de prueba o elevar el caso a juicio oral y público.
El juez federal Ariel Lijo dio por concluida la investigación judicial del caso “Ciccone”, en el cual está procesado el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.
Ahora, el fiscal a cargo del expediente, Jorge Di Lello, tiene seis días para expedirse sobre la acusación contra Boudou y otros cinco procesados. Puede pedir el sobreseimiento, solicitar nuevas medidas de prueba o elevar el caso a juicio oral y público.
Según lo entiende Lijo, cuando era el ministro de Economía de Cristina Fernández, Boudou se habría quedado con la imprenta Ciccone Calcográfica, que tenía como cliente a la Casa de Moneda, que dependía de la cartera que encabezaba.
Además de Boudou, están procesados en la causa sus presuntos testaferros, José María Núñez Carmona y Alejando Vandenbroele; el exdueño de la imprenta, Nicolás Ciccone, y el asesor de Economía Guido Forcieri.
A Guillermo Reinwick, yerno de Ciccone, a quien Lijo había procesado, la Cámara Federal le dictó la falta de mérito.
En junio de 2014 Lijo procesó a Boudou porque, según entendió el juez de Instrucción, los Ciccone le pagaron con acciones de la compañía la gestión ministerial para salvar a la fábrica de la quiebra. También se acreditó que la compra se hizo por medio de Vandenbroele, quien apareció al frente del fondo llamado The Old Fund, que adquirió las acciones.
Vandenbroele, un abogado quien según trascendidos vivió temporalmente en el departamento de Boudou en Puerto Madero, tenía una relación con Núñez Carmona, presunto allegado a Boudou.
Los procesamientos fueron confirmados en su momento por la Cámara Federal y la Casación Penal.
Testaferros
El caso “Ciccone” comenzó a salir a la luz partir de una investigación periodística en la cual el 6 de febrero de 2012 se entrevistó a Laura Muñoz, la exesposa de Vandenbroele, quien lo acusó de ser uno de los testaferros de la empresa. También denunció que el dueño real de la firma era Boudou.
El fiscal federal Carlos Rívolo decidió realizar una investigación a partir de los dichos de Muñoz.
Inicialmente, la causa recayó en el juez Daniel Rafecas, quien luego fue apartado, por dudas sobre su imparcialidad, tras comprobarse que intercambió mensajes con un abogado vinculado con Núñez Carmona. Por sorteo, la Cámara Federal designó a Lijo, quien además debió resolver sobre los pedidos de recusación que pesaban sobre Rívolo, quien fue apartado del caso en mayo de 2012.
Además, Lijo decidió unir la causa con otra investigación por enriquecimiento ilícito iniciada contra el vicepresidente, dejando al fiscal Di Lello, quien estaba a cargo del segundo expediente, al frente de la instrucción unificada.
En agosto de 2013 la alzada avaló la decisión del juez de rechazar el pedido de sobreseimiento a favor del vicepresidente. En noviembre de ese año, el fiscal ante la Casación, Javier De Luca, emitió un dictamen favorable a la defensa de Boudou ya que, a su entender, no había ninguna definición sobre cuál sería el delito que cometió, pero finalmente el tribunal declaró inadmisible el planteo.
Dádivas
En tanto, el juez federal Norberto Oyarbide citó a indagatoria al vicepresidente Boudou para el próximo 15 de diciembre, cuando deje su función, en el marco de la causa en la que se investiga la presunta comisión del delito de dádivas.
Oyarbide hizo lugar al pedido que le había formulado el fiscal Rívolo hace más de un año y reiteró la semana pasada, reclamando, además, que se le prohíba a Boudou salir del país.
En el expediente se investiga el pago de vuelos en helicópteros por parte de empresarios a Boudou.
