ESCUCHAREn Córdoba se analiza desde hace meses la posibilidad de implementar ese sistema. El ministro de Justicia, Luis Angulo, aclaró que puede haber obstáculos jurídicos para usarlo, ya que es discutible si se puede obligar a quien técnicamente es inocente a colocarse un dispositivo fijo
La Provincia de Chubut es una de las jurisdicciones elegidas para avanzar con la prueba piloto de implementación de dispositivos duales para controlar que los denunciados en casos de violencia de género cumplan las órdenes de restricción dictadas por la Justicia.
Se trata de una tecnología desarrollada en Israel. Son pulseras que se le colocan a la víctima y al presunto autor y, en caso de que la persona que tiene prohibido el acercamiento viole la medida, se activa una alarma.
En los próximos días, cuando el ministro de Justicia, Germán Garavano, firme el acuerdo con las autoridades chubutenses, comenzarán a usarse.
El uso del dispositivo se enmarca en el Programa Nacional contra la Violencia de Género presentado a fines de julio por el Poder Ejecutivo.
En esa oportunidad, el presidente Mauricio Macri anunció una inversión de 750 millones de pesos para paliar esa problemática. Además de las pulseras electrónicas -como medida superadora a la baja eficacia de los botones antipánico-, se construirán “hogares” para las víctimas.
Chubut, junto a Buenos Aires y Santiago del Estero, serán las primeras provincias que implementarán el sistema dual.
Pablo Durán, coordinador de Gabinete del Ministerio de Gobierno de Chubut, declaró que los botones antipánico no dan buen resultado porque la posible víctima tiene que activarlo recién cuando ve al presunto agresor.
En ese sentido, precisó que las pulseras son más efectivas ya que configura una barrera de distancia que se activa cuando los dispositivos están cerca y facilita la rápida intervención de la policía.
La posible implementacion de la nueva tecnología se estudia desde hace un tiempo en Córdoba. A mediados de mayo, poco después de que Garavano lanzó el plan “Justicia 2020”, el ministro de Justicia, Luis Angulo, anunció que la Provincia estudiaba la posibilidad de sumar las pulseras como otra medida preventiva.
No obstante, en esa oportunidad detalló que el uso de los dispositivos podría encontrar obstáculos jurídicos, ya que implica la colocación obligatoria de un artefacto que no se puede quitar a personas que pueden haber sido denunciadas (o imputadas) pero que aún no han recibido condenas.
Si bien aclaró que es discutible si se puede obligar a quien técnicamente es inocente a colocarse una pulsera, Angulo valoró que “por encima de la cuestión garantista están las vidas de las mujeres”, y declaró que él no tendría inconvenientes en que la Justicia “encuentre un mecanismo para imponer tal obligación”.
El Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres estructura su implementación en acciones preventivas, de atención integral, de monitoreo y evaluación, de formación en todas las áreas estatales y de fortalecimiento institucional.
El documento fue elaborado por el Consejo Nacional de las Mujeres e identifica a los organismos responsables, los asociados y los plazos para lograr los objetivos, que comenzarán a correr desde enero.
Salud
En el ítem salud, propicia la incorporación del parto humanizado y del protocolo de interrupción voluntaria del embarazo. Otro eje es la promoción de una educación “no sexista” desde el nivel inicial hasta el universitario.
Con el fin de desnaturalizar las prácticas discriminatorias en el trabajo, promueve la sanción de un ley contra el acoso laboral y licencias por violencia de género.
La política pública también incluye los medios de comunicación, propiciando diversas acciones que impidan que reproduzcan “estereotipos de género que naturalizan la violencia”, entre los que se incorpora el lenguaje inclusivo.
La semana pasada estuvo en Córdoba la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, para encabezar la tercera reunión del Consejo Federal y hacer precisiones sobre el plan del Gobierno. En ese marco, opinó que la iniciativa gubernamental en contra de la violencia de género “va a marcar un antes y un después”.
